Largas listas y tiempos de espera, alto gasto de bolsillo, discriminaciones por género y edad, y falta de especialistas, son solo algunos de los problemas de un sistema enfermo. Distintas administraciones han aplicado algunos analgésicos, pero los resultados siguen siendo insuficientes. Ante este escenario, el Colegio Médico y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile decidieron entrar al debate en busca de una cura definitiva.
Apesar que Chile ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en Latinoamérica; fue el primer país sudamericano en ingresar a la OCDE; ha reducido la pobreza y tiene uno de los PIB per cápita más altos de la región; está entre los 10 países más eficientes en el cuidado de la salud y ha aumentado la esperanza de vida para hombres y mujeres, aún enfrenta grandes desafíos en materia de protección social, especialmente en asegurar un acceso equitativo y oportuno a prestaciones sanitarias de calidad, con protección financiera para toda la población.
El presidente del Departamento de Políticas de Salud y Estudios del Colegio Médico, Dr. Roberto Estay, explica que hay elementos suficientes para hablar de una crisis y que “nosotros vivimos día a día las dificultades colocando la cara a los usuarios frente a una serie de falencias, entre ellas la falta de oportunidad y cobertura de tratamientos. Lo positivo, es que estamos a tiempo de tomar medidas, desde el control de factores de riesgo, hasta una mejor respuesta de los prestadores”.
El problema se debe a diversas causas, pero el factor que más incide es el financiamiento. Según datos de la OCDE, el sistema se sustenta con el 8,4% del PIB, del cual el 50% son recursos públicos. Si se compara con los otros países de la organización, ambas cifras están bajo el promedio. Además, del gasto en salud, el 37% sale del bolsillo de los usuarios, versus el 19% que promedian las naciones OCDE. Este presupuesto se destina principalmente a medicamentos (38%) y consultas médicas (19,8%).
De acuerdo a datos de la Casen 2015, el 77,3% de los chilenos cotiza en Fonasa, mientras que el 15,1%, en Isapres. El seguro público, concentra a las personas de menores ingresos y mayor carga de enfermedad; y el privado a los de mayores ingresos y menor riesgo.
A esto se suma que el sector público cuenta con una lista de espera de más de un 1 millón 600 mil personas; con tiempos que pueden llegar a más de 3 años; y problemas en la calidad de las prestaciones, derivadas de la falta de infraestructura, equipamiento y personal en la red pública.
El sector privado, por su parte, conlleva grandes gastos en aseguramiento y copagos; alzas unilaterales de los planes; y discriminación por edad, género y estado de salud. Además, son cuestionables sus altas utilidades, las que en 2017 se incrementaron en 40,6%, llegando a $70.577 millones.
Una propuesta integral
La presidenta del Colegio Médico, Dra. Izkia Siches, es enfática: “cuando vemos a nuestros pacientes empobrecidos, endeudados, discriminados por ser enfermos, ancianos o mujeres, efectivamente hay algo en el sistema que tenemos que resolver”.
En Octubre de 2017, el Colegio Médico de Chile, a través de su Departamento de Políticas y Estudios, entró en la discusión sobre los desafíos del sistema sanitario en Chile y elaboró el documento “Financiamiento de la salud en Chile: elementos para la discusión de una reforma necesaria”.
Este año, tras el anuncio del gobierno de realizar un cambio parcial al sistema, que sólo afectaría a las Isapres, el Colegio Médico y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile convocaron a diversos representantes nacionales e internacionales de la academia y vinculados a organismos no gubernamentales y estatales, a participar de una comisión de expertos. Esto, con el fin de proponer una reforma estructural del financiamiento, orientada por los principios de la seguridad social y el derecho a la salud, que integrara los sectores público y privado con una perspectiva de largo plazo.
A juicio del Dr. Estay, es imprescindible que la reforma sea integral porque “realizar mejoras en los seguros privados que cubren al 15% de la población, dejando de lado un fortalecimiento del seguro público, nos lleva a profundizar la inequidad en un sistema ya muy segregado. Por otra parte, los cambios en un subsistema influyen indefectiblemente en el otro. Esto ha sido consenso de las tres comisiones que han trabajado en esta materia en los últimos años”.
La directora de la Escuela de Salud Pública, Dra. Patricia Frenz, puntualiza que “queremos un sistema de salud que reconozca que en Chile nos importa lo que le pasa al otro. Que no nos deja indiferente la atención en salud que reciben todas las personas de nuestro país. Que nos indigna el hecho que la salud y la muerte dependen del bolsillo”.
El grupo trabajó durante dos meses y presentó su propuesta a comienzos de mayo, la cual tiene como eje central un Seguro Único de Salud que incorpora a toda la población, sin discriminaciones de ningún tipo, teniendo entre sus objetivos avanzar en el corto plazo en la reducción del gasto de bolsillo; mejorar la oportunidad de la atención; unificar todas las fuentes de financiamiento (aportes fiscales, cotizaciones de los trabajadores, cotizaciones de empleadores para el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales), entre otros.
Asimismo, para alcanzar la cobertura universal, considera imprescindible aumentar el gasto público en salud y llegar al menos a un 6% del Producto Interno Bruto, lo recomendado por la OMS para países con niveles similares de desarrollo, a través del aumento del aporte fiscal proveniente impuestos generales, y no de las cotizaciones.
También, sugiere un Sistema Nacional de Salud, que termine con la fragmentación en Fonasa, Isapres y FF.AA., y que el seguro pueda actuar como pagador único, permitiendo avanzar en la equidad tanto en el acceso a la atención, como en los resultados sanitarios, el aumento de la eficiencia financiera y social en el sistema.
Al respecto, el Cientista Político de la Fundación Sol, Recaredo Gálvez, sostiene que “uno de los principios que plantea la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de seguridad social y en la que se entiende a la salud como una parte relevante de ésta, es el convenio N° 102 que plantea desarrollar espacios de administración más uniformes, sin tanta segmentación y evitando discriminaciones. Por ejemplo, se establece la igualdad de trato a las personas que forman parte del sistema y una serie de elementos que se deben tomar en cuenta. Este documento va en esta línea”.
Sobre el rol de los seguros privados, la propuesta señala que deberían transformarse en complementarios para entregar beneficios que no estén incluidos en el Plan de Salud Universal.
El presidente del Departamento de Políticas de Salud y Estudios del Gremio concluye que lo más relevante de la propuesta de financiamiento de la salud, es que sintonice con las lógicas de seguridad social recomendadas por la OMS y practicada por los países desarrollados. “Este cambio no solo generaría un sistema más equitativo, además incorporaría mayor eficiencia en la función de compra e incentivaría una compromiso colaborativo en red entre los prestadores. Avanzar en eficiencia, solidaridad y trabajo en red, es un imperativo para mejorar los resultados de nuestro sistema de salud”, señala.
Reformas a medias
En Chile han ocurrido diversas reformas al sistema sanitario. En 1979, se creó el Fondo Nacional de Salud (FONASA) y en los ’80 surgieron las Isapres. En la década del 2000 se creó el Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas en Salud (AUGE). Y durante los últimos ocho años, se han intentado introducir modificaciones al sistema para “emparejar la cancha”.
En su primer mandato, el Presidente Sebastián Piñera formó dos comisiones asesoras para abordar esta temática y en su segundo período Michelle Bachelet convocó otra, pero ninguna obtuvo resultados sustantivos.
Para su retorno a La Moneda, en su programa de gobierno, Sebastián Piñera anunció “una cirugía mayor a la salud”. Para ello, formó una mesa de trabajo para generar un gran “Acuerdo Nacional” que cumpliera estos objetivos, que deberá entregar sus resultados en el mes de agosto. En paralelo, le dio urgencia simple al proyecto de ley del 2011 que plantea la creación de un Plan Garantizado en Salud.
Para Recaredo Gálvez, éste permitirá comparar los precios de los planes, no es suficiente. “Acá no hay actores compitiendo en igualdad de condiciones y por eso el Ejecutivo debe incluir una reforma que contenga como pilar central los determinantes sociales en materia de salud. Hoy es relevante observar las desigualdades desde su origen y los accesos a los sistemas, porque el trabajador podrá acceder al sistema privado cuando tenga trabajo, pero si está cesante, deberá entrar al sector público y en este sentido se genera una invisibilización de estas condiciones”, detalla.
Al respecto, el Dr. Estay opina que puede ser una buena medida “siempre y cuando sea para toda la población y no se aplique de forma segregada. También debe asegurar una cobertura amplia, que logre resolver la mayoría de los problemas de salud en forma oportuna y con estándares de calidad pre establecidos, de lo contrario se arriesga a mantener un alto nivel de incertidumbre frente a enfermedades no cubierta, además de un elevado gasto de bolsillo por parte de las familias”.
