La entrega de solo tres talonarios anuales para cada facultativo generó la preocupación entre los profesionales de la salud y el Colegio Médico. Frente a la medida gubernamental, que buscaría acelerar el proceso de implementación de la licencia electrónica, los propios médicos han dejado en evidencia la serie de problemas que deben enfrentar a diario con el sistema y la necesidad de que el fin de la licencia en papel sea gradual.
Por Paulo Muñoz
En agosto pasado, una circular de la Subsecretaría de Salud Pública alertó sobre la restricción en el uso de licencias médicas de papel, acotando su disposición a solo 150 documentos en este formato; medida que no afectaba, según explicó la autoridad, a los profesionales que ejercían en la red de salud pública e instituciones de salud privada.
Por esos días, la subsecretaria de Salud Pública, Dra. Paula Daza, dijo que la disposición solo era parte del proceso natural de implementación a nivel nacional del sistema de licencia médica electrónica, que –por cierto– es calificada por la autoridad como una medida eficiente para enfrentar la emisión de documentos falsos por parte de profesionales de la salud.
Conocida la circular, la primera inquietud que surgió entre los facultativos y en el propio Colegio Médico fue preguntarse si la transición hacia la licencia médica electrónica se desarrollaba en los plazos planteados por la cartera, las empresas que disponían del sistema tecnológico aseguraban su correcta operatividad y si los pacientes, de cada una de las localidades del país, accedían, sin problemas, a esta nueva forma de hacer uso de su derecho al reposo por enfermedad.
El Dr. José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico, dice que ante la inquietud de los colegiados, el gremio optó por realizar una consulta abierta, durante agosto y septiembre, sobre el uso del sistema de licencia médica electrónica en sus lugares de trabajo, tanto en salud pública como privada. De los consultados, un 70% reconoció haber tenido problemas asociados a caída del sistema informático, reconocimiento de huellas del médico y paciente, falta de respaldo e inconvenientes para que pacientes postrados realizaran el procedimiento, entre otros.
“Probablemente, acá en Santiago sea mucho más fácil disponer de una licencia electrónica, pero tenemos que plantear que las tres empresas prestadoras del servicio, –en algunas comunas solo opera una–, tienen un retraso de entre 60 y 90 días solamente para llevar el huellero y ahí hay un problema de implementación que es bastante claro”, plantea el dirigente gremial.
La consulta realizada por la Orden también incluyó a los profesionales que siguen utilizando el antiguo formato de licencias. De ellos, 37% lo justificó porque las empresas no han implementado el servicio; 9,5% dijo no manejar el sistema y 9% por no contar con internet en su lugar de trabajo.
Los problemas de conectividad y de funcionamiento del dispositivo electrónico son una realidad que ha constatado el Dr. Jaime Tapia, director de comunicaciones de la Sociedad Chilena de Pediatría y vicepresidente del Regional Concepción del Colegio Médico.
“Hay una discriminación importante con aquellos sectores donde no existe la tecnología y la conectividad suficiente para que el médico pueda acceder a la licencia electrónica porque no llega la señal, porque la señal es débil, porque se cayó el sistema o porque no hay implementación. Estoy hablando, en la Región del Biobío, de comunas como Cañete y Arauco, donde el reporte que tenemos de los médicos es que el sistema es muy inestable y no permite asegurar la disponibilidad 100% en horario de trabajo”, destaca el Dr. Tapia.
Más de 900 reclamos de médicos
En la práctica, los problemas tecnológicos son subsanados por los médicos recurriendo a los talonarios de licencias de papel. Por ello, la presidenta del Colegio Médico, Dra. Izkia Siches, entregó en septiembre pasado más de 900 reclamos de facultativos contra la circular de la cartera, dando cuenta de los problemas de implementación del sistema electrónico.
Una de las justificaciones de la autoridad para restringir el uso de licencias médicas de papel tiene que ver con el mal uso de este instrumento médico por parte de algunos profesionales de la salud. En octubre pasado, la Cámara de Comercio de Santiago y la empresa Inmune dieron a conocer el Primer Estudio de Ausentismo Laboral provocado por Licencia Médica Común. Una de las conclusiones del sondeo fue que más del 23% de los permisos eran fraudulentos.
El estudio incluyó una muestra de más de 49.000 trabajadores pertenecientes a 20 empresas y poco más de 74.000 licencias médicas extendidas entre enero de 2016 y agosto de 2018, datos recogidos del informe de “Estadísticas de licencias médicas de origen común y subsidio por incapacidad laboral 2016”.
No obstante, estas cifras –informadas en TV, radio y diarios sin ser cuestionadas– deben ser contrastadas, precisamente con otros datos recogidos en este último informe, realizado por la Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Seguridad Social y Fonasa. Ese año, si bien del total de licencias médicas tramitadas en Fonasa la tasa de rechazo en primera instancia fue de 8,9%, esa cifra finalmente se redujo a 6,1% tras la instancia de apelación. La disminución en la cifra de rechazo es aún más significativa en el sistema de isapres. Mientras la tasa de licencias rechazadas en primera instancia llegaba al 26,7%, la cifra se acotó a un 15,6% tras la apelación, es decir el 84,4% de las licencias médicas fueron aprobadas con observaciones en el sistema privado de salud y el 93,9% en el sistema público.
El mismo estudio indica que las patologías mentales encabezan el ranking de licencias médicas rechazadas con 12% en Fonasa y 41,4% en el sistema privado de salud. Es decir, las isapres rechazan 3 veces y media más de este tipo de licencias que Fonasa.
La posición del Colegio Médico ha sido categórica y contraria a aquellos minoritarios casos de facultativos que hacen mal uso de esta herramienta. Si bien hay coincidencia en fiscalizar y sancionar a aquellos profesionales que caen en estas malas prácticas, la Orden ha planteado con fuerza la necesidad de que este control debe pasar por devolver la tuición ética a los colegios profesionales para establecer medidas de mayor peso y mejorar la regulación.
“Nosotros le hemos dicho a la autoridad que los invitamos a que nos ayuden a potenciar el control de pares a través de los tribunales de ética, tenemos que recordar que para la justicia es muy difícil comprobar que una licencia es fraudulenta ya que se enmarca dentro de un tratamiento médico, sin embargo los tribunales de ética y el control de pares si pueden evaluar si un tratamiento en este caso el reposo se ajusta o no a la lex artis”, menciona el Dr. Bernucci.
¿Se está resguardando el derecho del paciente al reposo?
Pediatría, ginecología, psiquiatría, traumatología y oncología, son algunas de las especialidades que demandan a los facultativos una mayor prescripción de reposo como parte del tratamiento de sus pacientes. Para ellos, la restricción de talonarios de licencias de papel, unida a la persistencia de los problemas que genera el nuevo sistema de licencias electrónicas, afectará al paciente.
“No se puede regular el número de licencias, es como si a mí me regularan las cantidades de antibióticos que voy a recetar en un mes. Eso va a depender del tipo de paciente que se atiende”, agrega el Dr. Jaime Tapia.
Para el jefe jurídico de Falmed, Juan Carlos Bello, si bien la medida de regular la emisión de licencias médicas fraudulentas mediante la restricción de licencias de papel puede tener una buena intención, podría afectarse el ejercicio de derecho a reposo de un paciente.
“Alguien podría suponer que si el médico está válidamente autorizado para concederme un derecho, si se le conculca este derecho, directamente se están conculcando mis derechos como paciente”, explica Bello.
De esta forma, la implementación de esta medida podría impugnarse con la presentación de un recurso de protección ante los tribunales de justicia.
El secretario general del Colegio Médico, Dr. José Miguel Bernucci, describe que la restricción de talonarios de licencias partió de un error de la autoridad, que determinó la cifra de 150 documentos anuales con una fórmula que consideró la cifra total de facultativos en Chile, obviando las diferencias entre especialidades médicas que se ven más expuestas a la prescripción de reposo para el paciente y otras que no, como los médicos salubristas.
El Dr. Bernucci añade que, si bien el Colegio Médico apoya el aumento de la tecnología y la digitalización de los procedimientos en salud en beneficio de los pacientes, todo cambio debe ser gradual y paulatino.
“Nosotros creemos que no debería tomar menos de seis meses a un año en una implementación progresiva sin limitación de la entrega de talonarios. Recordemos que finalmente los afectados últimos de la limitación de entrega de talonarios no van a ser ni siquiera los médicos, van a ser los pacientes, los cuales van a tener problemas para poder justificar la indicación de descanso en caso de que un médico así lo amerite”, advierte el Dr. Bernucci.
Para el Dr. Juan Maass, director de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile, este tipo de restricciones, que pueden terminar repercutiendo negativamente en el paciente, deben consensuarse escuchando a las sociedades médicas, el Colegio Médico y actores del sector con la finalidad de evitar subsanar problemas sobre la marcha.
“Yo creo que quizás los médicos son las personas que mejor podrían representar el equilibrio entre la visión de un paciente, que requiere de apoyo y reposo, versus aquellos que tienen que hacer los financiamientos. Este equilibrio lo puede representar el equipo médico que conoce bien la necesidad y los requerimientos de tiempo que se disponen, obviar al médico es un error muy serio”, ilustra el Dr. Maass.
Desde el Colegio Médico aseguran que seguirán atentos la puesta en marcha de la polémica circular y, si bien no ha habido conversaciones formales con el gobierno para redireccionar esta medida, si reconocen acercamientos informales en mesas de trabajo.
“El mensaje que como Colegio Médico quisimos dar fue captado por la autoridad. Nosotros no estamos contra la instalación de este sistema, pero vamos a exigir que sea haga de buena manera”, puntualiza el secretario general de la Orden, Dr. José Miguel Bernucci.
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Una correcta emisión de licencias
El reglamento de autorización de Licencias Médicas por las Compin e instituciones de salud previsional define que la licencia médica es un acto administrativo que se materializará en un formulario especial, impreso en papel o a través de documentos electrónicos, que registrará todas las certificaciones, resoluciones y autorizaciones que procedan y cuyo texto será determinado por el Ministerio de Salud. El artículo 7° de dicho decreto establece respecto de las obligaciones del médico que “corresponderá al profesional certificar, firmando el formulario respectivo, el diagnóstico de la afección del trabajador; establecer el pronóstico, fijar el periodo necesario para su recuperación; el lugar de tratamiento o reposo con su dirección, y teléfono…”. El artículo 49° agrega que “el profesional deberá mantener un registro de los pacientes a los cuales ha otorgado licencias médicas, con los antecedentes que le dieron origen. El profesional deberá verificar la identidad del paciente al extender la licencia”. En cuanto al rechazo o invalidación de la licencia médica, dentro de las causales el artículo 55° establece la falsificación o adulteración de la licencia médica y la entrega de antecedentes clínicos falsos o la simulación de enfermedad por parte del trabajador debidamente comprobada. En cuanto a la responsabilidad del facultativo que incurriera en esta práctica, el artículo 58 menciona que “la certificación médica falsa que expida un profesional con ocasión del otorgamiento de una licencia médica, determinará su rechazo o invalidación, sin perjuicio de la denuncia de los hechos, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° del decreto ley n° 3.621, de 1981, además de la denuncia directa a la Justicia si ello fuere procedente, y comunicación al empleador para la adopción de medidas laborales y estatutarias que correspondan”. |
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