Dra. Josefina Huneeus
Comisión de Salud Mental COLMED
El Gobierno presentó en julio el Proyecto de Ley Integral de Salud Mental, cuyo objetivo es promover y proteger la salud mental de todas las personas a lo largo de su vida. Aunque en Chile contamos con la Ley 21.331, aprobada en mayo de 2021, que regula ciertos aspectos de la atención en esta materia, su implementación ha sido parcial debido a la falta de reglamentos publicados. Este nuevo proyecto de ley es un avance necesario, pero ¿es suficiente para cubrir las brechas actuales?
Este proyecto incluye aspectos positivos: propone proteger a todas las personas, no solo a quienes padecen trastornos psiquiátricos, y promueve un enfoque intersectorial para la inclusión social de personas con discapacidad mental. Además, plantea un trato equitativo entre enfermedades mentales y físicas, y establece normas sobre hospitalizaciones psiquiátricas. Sin embargo, presenta deficiencias importantes.
Uno de los principales problemas es la falta de financiamiento adecuado. En Chile, al menos el 6% del presupuesto de salud debería destinarse a salud mental. Sin una asignación presupuestaria real, cualquier avance quedará en promesas. En cuanto al abordaje intersectorial, falta dar mayor relevancia a los sectores de vivienda, trabajo y cultura.
En el ámbito de la hospitalización, no profundiza en medidas de seguridad (sujeción mecánica, aislamiento), las cuales deben ser reguladas de acuerdo con estándares de derechos humanos. Además, el plan de desinstitucionalización requiere mayor precisión en términos de tiempo y recursos, ya que no se trata solo de “deshospitalizar”, sino de integrar servicios de cuidados sociosanitarios, rehabilitación, trabajo y participación social.
El proyecto también debe detallar con claridad los servicios ambulatorios comunitarios, siguiendo las recomendaciones de la OMS, que priorizan la asistencia en centros no especializados apoyados por una red comunitaria de salud mental. Es fundamental que los hospitales generales cuenten con camas para pacientes psiquiátricos, separadas en diferentes unidades, y que los servicios forenses se integren a la red de salud, garantizando la hospitalización judicial solo cuando esté clínicamente justificada.
Finalmente, se necesitan camas forenses en todas las regiones y más formación de psiquiatras especializados. La ley debe ir más allá de lo enunciativo para convertirse en una herramienta efectiva que responda a las necesidades reales del país.
Es hora de que Chile asuma un compromiso serio con la salud mental, con medidas concretas que aseguren un bienestar integral para todas y todos. Como Comisión de Salud Mental del Colegio Médico, estamos comprometidos en colaborar activamente en este proceso, con la esperanza de construir una ley efectiva que no solo marque un hito, sino que transforme la realidad de miles de personas en Chile.
