Existen vacíos en la implementación del sistema de monitoreo que indican que a tres años de la implementación de la ley 21.188 se requiere una mejor comunicación entre los actores involucrados para recoger lo que verdaderamente está pasando en los recintos de salud país.
Por Alejandra Moreira, periodista FALMED.
El Primer Informe de Violencia Externa en las Redes Asistenciales de Salud del país emitido en enero de 2021 por el Departamento de Relaciones Laborales del Área de Salud Ocupacional y Gestión Ambiental del Ministerio de Salud, tuvo como objetivo principal analizar y lograr la eventual reducción, mitigación o eliminación de los riesgos asociados a la violencia externa. El documento señala que ante un tema tan complejo como este, se requiere un abordaje multifactorial y la concurrencia de actores sectoriales e intersectoriales que posean las atribuciones y las capacidades para incidir en los cambios normativos e institucionales.
El informe, que se centra principalmente en el aspecto preventivo, destaca que las oportunidades de mejora para el sistema de reportabilidad debiera estar en la relación funcionario-usuario y en la implementación de un sistema de reportabilidad para la identificación de las denuncias en los Servicios, Establecimientos y Recintos de Salud, lo que permitiría la formalización y actualización de un único formato de registro. Un mapeo actualizado de las unidades críticas al interior de los establecimientos para abordarlos y prevenir los eventos de agresión.
Sin embargo, la reportabilidad de las denuncias no estaría dando cuenta de la realidad que viven las y los funcionarios de salud en sus prácticas diarias. La sensación que existe en los recintos hospitalarios del país de alta, mediana y baja complejidad es cada día más extrema, las noticias reportan cada vez más episodios de mayor agresividad de parte de usuarios del sistema de salud.El vicepresidente del Colmed Santiago, doctor Iván Mendoza, señala que “particularmente en nuestro Regional hemos visto una cantidad en ascenso de agresiones hacia los funcionarios de establecimientos de salud, lo que nos impulsó a iniciar una gestión para recabar información y poder cuantificar la envergadura del problema”.
“Lo prioritario es ordenar la estadística, georeferenciarla -insisto en su importancia- para hacer políticas públicas basadas en evidencia. Ello puede dar mucho mejor resultado que solo la percepción a través de lo que aparece en las redes sociales o en los medios de comunicación, porque el esfuerzo de la denuncia se pierde al no estar objetivado. Sin cuantificar este tipo de agresiones, ya estamos mal porque no podemos hacer políticas públicas o intervenciones”.
Dr. Iván Mendoza
Vicepresidente Regional Santiago
Colegio Médico de Chile
La ley 21.188, conocida como Consultorio Seguro, aumentó las penas contra quienes realicen agresiones en los recintos sanitarios. Además, obligó al director del establecimiento a realizar una denuncia en los tribunales competentes contra la o las personas responsables de dicha agresión.
“Partimos del presupuesto que teníamos canalizado todos los datos sobre el número de agresiones realizadas, y solo quedaba ordenarlas geográficamente. Nos dirigimos a los Directores de cada Servicio de Salud de la Región Metropolitana para tomar toda la información de Santiago”, detalla el doctor Mendoza a Falmed Educa. Sin embargo, pese a que los directores de los hospitales están haciendo las denuncias, la información queda en cada establecimiento de salud, dado que la ley no contempla la obligación de informar a los respectivos servicios de salud, recalca el dirigente gremial de Santiago.
Es por ello que las denuncias registradas no son un reflejo de lo que está ocurriendo, y no entregan una visión completa del panorama de agresiones. “El director de cada hospital hace la denuncia, pero no la sube a nivel central, que sería el SS, para que este tenga objetivado y georeferenciado dónde hay más agresiones y así saber dónde realizar e intervenir con una política sobre las agresiones”, advierte el doctor Mendoza.
Sin esta información, los Servicios de Salud están a ciegas, y no pueden orientar los escasos recursos con los que se podría hacer prevención.
“Lo prioritario es ordenar la estadística, georeferenciarla -insisto en su importancia- para hacer políticas públicas basadas en evidencia. Ello puede dar mucho mejor resultado que solo la percepción a través de lo que aparece en las redes sociales o en los medios de comunicación, porque el esfuerzo de la denuncia se pierde al no estar objetivado. Sin cuantificar este tipo de agresiones, ya estamos mal porque no podemos hacer políticas públicas o intervenciones”, enfatiza.
El dirigente explica que, como Regional Santiago, a través de un ordinario a mediados del mes de junio, solicitaron a la Subsecretaría de Redes Asistenciales que revisara y emitiera un instructivo que desde el Ministerio y la Subsecretaría instruya a los directores de hospitales para que esa información sea derivada a los Servicios de Salud.
“Así y todo hay una parte que a nosotros se nos escapa, que son los consultorios, porque no dependen de los Servicios de Salud, sino que de las municipalidades y ahí también tenemos un problema porque las municipalidades lo ven ellos mismos”, observa el médico.
Falta de denuncias
Por otra parte, el Dr. Mendoza manifiesta su preocupación respecto a que sus colegas no están denunciando las agresiones. De este modo, el Minsal no tiene la información adecuada para desarrollar programas o intervenciones, mediante mejor vigilancia en el barrio o coordinaciones con los retenes de Carabineros, entre otras acciones.
“Además, todas las consecuencias que pueda tener la agresión, dejan de ser atendidas por el seguro de salud con el que cuentan todos los funcionarios; por lo tanto, las secuelas tanto físicas como psicológicas que sufre el personal de salud agredido quedan descubiertas como enfermedad laboral”, agrega.
Al no existir un protocolo único implementado por el ministerio, algunos centros hospitalarios del país elaboran sus propios sistemas de respuesta. Es el caso del Hospital El Pino, de la comuna de San Bernardo donde generaron un protocolo para salvaguardar la integridad de sus funcionarios.
“El fenómeno de la violencia al personal de salud se ha ido acrecentando en el sector primario de atención, y no tan solo las agresiones físicas que son las que más se reportan en los medios de comunicación, sino las más invisibilizadas que son las agresiones verbales, que van mermando la salud mental de los funcionarios de salud”.
Dr. Matías Segura
Presidente Médicos de Atención Primaria APS La Serena
Este recinto, perteneciente al Servicio de Salud Metropolitano Sur, elaboró un Protocolo Clave AMBAR, que se activa ante cualquier tipo de agresión al personal, uso de armas de fuego u otros elementos que pongan en peligro a los asistentes de salud dentro del recinto, lo que permite que la gente sepa dónde movilizarse, dónde resguardarse y a quién llamar mientras la situación de riesgo esté produciéndose.
El protocolo entró en funcionamiento en noviembre de 2021 y tiene una vigencia hasta noviembre de 2026. Su principal objetivo es establecer criterios de acción a seguir para enfrentar situaciones originadas por hechos de violencia que vulneren la seguridad de los funcionarios y pacientes dentro de la institución. Incluye a todos los funcionarios del Hospital y CRS El Pino, ya sea clínicos o administrativos, que pueden estar expuestos a hechos de violencia por parte de pacientes o sus familiares.
1.173 agresiones solo el primer semestre
El Área de Docencia e Investigación de Falmed, con fecha 17 de mayo, consultó al Ministerio de Salud, a través de la Ley de Transparencia, el número de agresiones al personal sanitario ocurridos en establecimientos de salud públicos durante 2019, 2020 y 2021. Además, solicitó conocer los ocurridos durante este año, a la fecha.
La respuesta vino mediante el reporte de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Según el último consolidado del Registro de Agresiones a funcionarios informados por los Servicios de Salud durante este año, con corte al 13 de junio, los casos alcanzan la cifra de 1.173, sin contar la información de dos servicios que no han reportado a la fecha “debido a la complejidad del levantamiento de la información desde los establecimientos”. Se trata de los Servicios de Salud de Valparaíso – San Antonio y Aysén. La revisión de las cifras de este primer semestre resulta bastante preocupante, toda vez que los datos acumulados entre 2018 y 2020 indicaban 1.557 agresiones. No obstante, el desglose muestra que el 90% de las agresiones fueron reportadas en 2019, lo que pudo estar relacionado con el impulso que se dio en noviembre de 2018 a las mesas de seguridad y a la reportabilidad exigida a los Servicios de Salud.
Otra cifra que destaca en el informe es que un 64,6% del total de agresiones están asociadas a gestos verbales y no verbales, pero que no implican necesariamente una agresión abierta (se refiere a insultos o garabatos”, 38,2%; “Amenazas u Hostigamientos”, 17,9%; “Burlas o descalificaciones”, 4,4%; y “Agresión verbal”, 4,1%), lo cual agrega dificultad al proceso de establecer evidencia y constatación.
No solo cifras
Pero detrás de estos números, están las experiencias y el temor que acompaña a los y las funcionarias que trabajan en salud. Según los datos de este mismo informe, la distribución de las agresiones, de acuerdo al tipo de establecimiento en las que estas se produjeron, se concentran un 51,4% en establecimientos asociados a la atención primaria y 48,6% a la atención hospitalaria.
Una experiencia traumática vivieron los funcionarios del Hospital Padre Hurtado, dependiente del Servicio de Salud Sur Oriente en noviembre de 2019, el que producto de una balacera en las inmediaciones del centro hospitalario, recibió al menos seis impactos de proyectil en los pisos quinto y sexto de su frontis, afortunadamente, sin personas lesionadas en su interior.
En tanto, en el Servicio de Salud Araucanía Norte, otra de las zonas que concentra un alto número de agresiones al personal de salud, se ha relevado el abordaje del fenómeno de la violencia externa con una estrategia comunicacional explícita dirigida a los funcionarios, para asegurarles que “no están solos” y que el establecimiento se hará parte de las acciones penales que se persiguen con la implementación de la ley.
La implementación del protocolo de actuación contempla un Formulario de Notificación de Agresiones a Funcionarios (FAF), además de un flujograma y un “código verde” de comunicación rápida con Carabineros con una política de “Tolerancia Cero” frente a agresiones a funcionarios.
Para el doctor Matías Segura, Presidente de los Médicos de Atención Primaria APS La Serena, “el fenómeno de la violencia al personal de salud se ha ido acrecentando en el sector primario de atención, y no tan solo las agresiones físicas que son las que más se reportan en los medios de comunicación, sino las más invisibilizadas que son las agresiones verbales, que van mermando la salud mental de los funcionarios de salud”.
El médico considera que existe una sensación de falta de apego con los centros de atención de salud, debido principalmente a los altos niveles de frustración de los usuarios después de la pandemia, por la continua postergación de las atenciones de salud y la resolución de sus problemas, lo que ha provocado esta explosión en los malos tratos y violencia hacia los funcionarios.
Falta de seguimiento en la denuncia
El doctor Carlos Guerrero, médico EDF y Subdirector Médico (s) del Hospital de Tocopilla, enfatiza que “hay desconocimiento de los alcances de la ley consultorio seguro y creo que es fundamental difundirlo más entre los colegas y directivos de nuestra institución; y por otra parte, nuestro empleador, el Ministerio de Salud tampoco hace muchos esfuerzos para implementar protocolos que logren una real protección de los funcionarios”.
Por otra parte, señala, no hay seguimiento ni asesoría legal de parte de los abogados de los centros de salud que debieran acompañar, con una querella, a quien ha sido víctima de una agresión, verbal o física, lo que finalmente termina por desincentivar la denuncia del personal. Sin dejar de mencionar que “también existe el miedo de las represalias que puedan venir de parte de los familiares de los agresores o del propio agresor, que puede nuevamente ingresar al recinto de salud por una atención médica, o por medio de funas en las redes sociales que también atentan gravemente contra nuestra reputación”, lamenta el facultativo.
Si bien aún falta mucho por investigar para conocer las causas subyacentes al fenómeno de la violencia externa, sí existen evidencias que indican que las personas angustiadas, en situación de dolor o desesperadas, son proclives a realizar acciones violentas. En el caso de los usuarios del sistema de salud, se presentan esas características, por cuanto la diversidad de dolencias contempla desde trastornos psiquiátricos, como la demencia, hasta la intoxicación por alcohol u otras sustancias, por lo que la violencia verbal o física aparece en forma común en los establecimientos de nuestra Red Asistencial de Salud, señala el informe. Los trabajadores del sector salud mantienen contacto directo con este tipo de usuarios, lo que los convierte en una probable víctima de sufrir agresiones, “llegando incluso a normalizar la violencia como un elemento integrante del trabajo”, concluye el informe.
