Por Dr. Óscar Román A.
Fracasamos como chilenos en el proceso de aprobar una nueva Constitución para el país. Fueron diversas las opiniones emitidas a favor y en contra de los términos de los borradores de ambas propuestas constitucionales.
Una de ellas fue la de algunos académicos universitarios que expresaban que “este nuevo texto no debería perpetuar los problemas que generaron el estallido social del 18 de Octubre de 2019”.
Curiosamente, atendiendo a mi improvisado pensamiento político, había tenido la pretensión de estudiar los antecedentes y “profecías inadvertidas” sobre el “estallido social”, en una especie de reportaje sobre él, editado en diciembre de 2019. Ahora, me parece de interés revisar esos antecedentes y compararlos con la situación actual que, al parecer, vuelve a vislumbrar la posibilidad de una movilización pública similar. Demás esta decir que no lo deseo, como un gran número de conciudadanos. Pero los hechos son los hechos y las realidades, en muchos casos, indiscutibles.
Aún no nos hacemos la principal pegunta: ¿se trata de una crisis política o meramente socio-económica?
La política ha sido definida clásicamente como la forma o arte de gobernar un país y su pueblo, poniendo en acción necesariamente principios ideológicos, aspiraciones, ideales y formas de convivencia en la vida social de la ciudadanía. Con mayor detalle, las acciones de Gobierno deben aunar mayor participación ciudadana, fijar posiciones, trazar estrategias sociales y económicas, afianzar los vínculos sociales, sumar voluntades, desarrollar estructuras de comunicación, como las más importantes y significativas de un Estado de derecho.
Para que todo aquello ocurra, pensamos que la tarea central de la política debe respetar cabalmente la soberanía popular, esencia de la democracia, e introducir elementos de participación desde la base social.
¿Será posible?
