Antofagasta, otra zona de sacrificio
Dr. Hugo Benítez
Secretario Regional y Pdte. Dpto. Medioambiente del Colegio Médico Antofagasta
Detrás de nuestra vida basada en nuevas tecnologías, encontramos una realidad mediocre: la de extracción de materias primas con consecuencias sociales, de salud y ambientales. En el patio trasero de nuestra sociedad de consumo, las multinacionales violan los derechos humanos más fundamentales con la complicidad de los estados.
La región de Antofagasta es un típico ejemplo de ello. La falta de agua para la población y la gran minería del cobre, obligó a obtener este recurso del Río Salado en 1958, que contenía concentraciones de arsénico de entre 600 y 900 µg/L. Los médicos pusieron la voz de alerta y en 1971 comenzó a funcionar una planta de abatimiento de arsénico, disminuyéndolo a entre 50 y 100 µg/L. Recién en 2003 se cumple con la norma internacional de 10 µg/L.
Se suma a ello el plomo que se acopiaba a granel al aire libre en los patios de ferrocarril. En 1997 se produjo una intoxicación en varios niños, lo que obligó en 1998 que fuese sacado de la ciudad. Pero en 2006 se denunció que había contaminación en las calles, lo que se llamó “la ruta del plomo”. En 2010 se logró que fuese aplicada una nueva norma para su traslado, pero no incluyó el concentrado de Zinc, que también contiene plomo.
En 2014, la contaminación alrededor del puerto resultó ser 4 a 10 veces más que en 2006 en Plomo, Zinc y Arsénico y otros metales pesados. En 2015, se tomaron muestras de sangre y pelo a niños, que demostraron estar contaminados con estos compuestos.
Las protestas de la población han generado que se multe a las empresas y se exija la limpieza de los suelos, mitigaciones que se han cumplido a medias.
En agosto de 2018, el Colegio Médico presentó un recurso de reclamación ante el 1° Tribunal Ambiental de Antofagasta, que considera inconstitucional las resoluciones que autorizaron el aumento de la extracción, transporte, acopio y embarque de concentrados de Minera Sierra Gorda, a través del puerto de Antofagasta, que fue acogido exitosamente.
Las autoridades de la región no han tenido la capacidad ni la voluntad política de terminar con este flagelo. Peor aún, han seguido aprobando proyectos sin los estudios de impacto ambiental necesarios ni la consulta a la ciudadanía. Por su parte, el Colegio Médico, desde hace 20 años, ha intervenido para sensibilizar a las autoridades sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.
Se comprende que los beneficios de la gran minería son muy importantes, pero no es aceptable que se realice sacrificando zonas habitadas. Mientras no se demuestre que estos proyectos son absolutamente limpios, deben hacerse lejos del radio urbano para evitar el riesgo y el daño para las personas.
Las multinacionales deben invertir en una gestión más sostenible y responsable, con consideraciones éticas y medioambientales para resguardar el futuro de las generaciones posteriores. Eso es lo que demandamos.
Quintero: Una crisis anunciada
Dra. Juanita Fernández
Pdta. Dpto. DD.HH., Medio Ambiente y Biodiversidad, Regional Valparaíso.
Valparaíso es una región industrial, minera, agrícola, pesquera y turística, donde, en espacios pequeños, coexisten industrias con poblaciones, cultivos y ecosistemas protegidos.
Como nuestro Colegio desde sus orígenes ha apuntado tanto a lo gremial como lo social y considerando que en nuestra región existían problemas medioambientales de larga data que podían estar amenazando la salud, en 2017 decidimos involucrarnos en el tema.
Comenzamos con una recopilación y análisis de la información, donde saltaron a la vista algunos hechos que hicimos ver oportunamente a las autoridades, mediante el informe “Contaminación y Salud, Región de Valparaíso” de junio de 2018. Por mencionar algunos, según datos de la Seremi, la tasa de mortalidad por cáncer en la región era mayor que la nacional y Puchuncaví tenía la más alta; la región carecía de estaciones de monitoreo independientes de la calidad del aire accesibles en red; así como de protocolos para preemergencias o emergencias sanitarias por emisiones tóxicas químicas. Los datos eran gestionados por las mismas empresas contaminantes, con normas de emisión propias, sin considerar su sumatoria ni eventuales interacciones químicas de elementos en un mismo espacio aéreo.
Asimismo, desde 1994 no había legislación ni monitorización adecuada y transparente de Arsénico. Los Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) no se informaban por no estar regulados. Tampoco había norma de suelos, que también estaban muy contaminados. Había estaciones de monitoreo de PM2,5 en marcha blanca hacía 3 años y, para rematar, nuestras normas de calidad del aire estaban muy debajo de las OMS.
Para entregar apoyo técnico y sugerencias de cambios estratégicos, participamos en muchas reuniones con la comunidad y estuvimos en el parlamento. Porque, si bien es nuestra región la que está hoy en el ojo del huracán, el tema normativo y la ausencia efectiva de regulaciones ambientales que consideren el impacto en salud de los proyectos industriales son los que causan hace años estos problemas, desde Arica hasta los mares australes.
Nuestras premisas son la preocupación por la salud de las personas y de los ecosistemas; que el valor de la salud será siempre superior al dinero; que la contaminación sí es causa de enfermedades, pero que se pueden prevenir, inversión que se debe contemplar en los estudios financieros de los procesos productivos; que la contaminación actual de aire, suelo y mar debe remediarse; y que la salud planetaria parte desde las comunidades. También, que lo que es válido para la salud en otro país lo es para los chilenos, por lo que no hay excusa para no se ajustarse a los criterios internacionales en la materia.
La crisis actual, con más de 1500 personas afectadas desde el 21 de agosto de 2018 a la fecha, les fue anunciada a las autoridades en mayo de 2018. Pero no hay peor sordo que el que no quiere oír.
Contaminación en Coyhaique: Un desafío que nos convoca a todos
Dr. Claudio Salas
Pdte. Dpto. Medioambiente, Consejo Regional Coyhaique
Coyhaique se emplaza en un fondo de valle, resguardado por el cordón divisadero, que le confiere una característica desfavorable e inmodificable: escasa ventilación natural, ya que aunque existan constantes vientos sobre la ciudad, solo movilizan la nube contaminante sobre la misma.
A esto se suma un acelerado crecimiento demográfico en las últimas décadas, asociado al uso casi exclusivo de leña como método de calefacción, con un consumo anual cercano a las 400 mil toneladas, lo que supone el 97% de las emisiones de material particulado contaminante MP10 y MP2.5. Esto ha llevado a Coyhaique a ser la ciudad con peor calidad del aire de Latinoamérica, con un promedio de 64 mcg/m3 de MP2.5, muy por sobre el resto del continente. Por ello, se declaró zona saturada por MP10 el año 2012 y por MP2.5 el año 2016.
Actualmente, rige para la zona el plan de descontaminación ambiental (PDA) por MP10, estando pendiente el de MP2.5. Con esto, se ha logrado el recambio de calefactores, principalmente a Pellet y Parafina, a un ritmo de 1.000 a 1.200 por año, existiendo aún 24.000 artefactos a leña, lo que exige mayor énfasis y recursos de este programa. Asimismo, está en ejecución el de aislación térmica, dirigido a las familias más vulnerables; y la educación a la comunidad.
En este contexto y ante el impacto en salud que trae esta polución, en 2016, el Colegio Médico Regional Coyhaique decide conformar un departamento medioambiental, para ser un actor principal en el proceso de difusión y concientización ciudadana, sobre los riesgos en salud de la exposición constante a la contaminación del aire.
Así, se han logrado hitos como la creación de la “Mesa de referentes de salud y educación contra la contaminación”, junto a gremios de la salud, Colegio de Profesores y otras agrupaciones ciudadanas, que, con un enfoque multifactorial, ha permitido acercar la evidencia científica a los afectados, humanizando un problema que había sido tratado solo como un conflicto ambiental.
De igual forma, se ha logrado posicionar a nivel local al Gremio como referente técnico, siendo consultados frecuentemente e invitados a instancias de decisión oficial, como la recientemente conformada “Mesa de Acuerdo Regional”, que tiene como misión generar un trabajo conjunto contra la contaminación, con medidas paliativas y de fondo para los próximos años.
La contaminación del aire en Coyhaique supone un gran desafío, que requiere la participación de todos, donde nuestro gremio abraza un rol fundamental, orientado a empujar y enfocar la discusión en los riesgos y daños que produce la exposición persistente al material particulado, generando conciencia activa en autoridades y vecinos, como también, propiciar la iniciativas que busquen ampliar la evidencia disponible y, por supuesto, conducir la discusión a soluciones reales, que permitan devolver a Coyhaique y la región sur por ahora lejano eslogan: “Aysén reserva de vida”.
Salud sin violencia
Dra. Carol Muñoz
Representante Nacional Colmed Mesa de Agresiones y Secretaria General MGZ
Como parte del equipo de Salud, hemos sido testigos de cómo en los últimos años ha existido un aumento significativo de las agresiones hacia funcionarios y funcionarias de diferentes centros de salud del país, una realidad que afecta de manera transversal a toda la red pública y privada. Si bien la etiología es multifactorial, no podemos sustraernos del contexto social en que la violencia sigue siendo un mecanismo válido para la resolución de conflictos.
Existen particularidades en esta área que vuelven el problema especialmente sensible. Los equipos de salud, injustamente, somos la cara visible de un sistema deficiente, siendo los primeros en reconocer cómo nuestros pacientes más vulnerables deben lidiar con la dificultad en el acceso a una atención oportuna y de calidad, aumentando su frustración frente a un sistema que no responde.
Cada episodio de agresión no sólo vulnera a la víctima, sino que repercute directa y negativamente en las relaciones que pueda tener el personal del Centro de Salud con la comunidad. Y la sensación de vulnerabilidad, desprotección y miedo en las víctimas, afecta la calidad de la atención.
La falta promoción, prevención y educación en Salud, sumado al desconocimiento del uso adecuado de los dispositivos de Urgencia por parte de los usuarios, aumenta los niveles de estrés en ambos, transformando estos espacios en el escenario más frecuente de agresiones y con los más altos niveles de violencia.
El Colegio Médico de Chile ha ejercido un rol de liderazgo en el proceso, proporcionando asesoría legal a los afectados y con una activa participación en la Mesa Nacional de Agresiones del Personal de Salud, que reúne a representantes del Ministerio de Salud, Subsecretaría de la Prevención del Delito, Confusam y la Asociación Chilena de Municipalidades.
Si bien hemos logrado avances, aún falta mucho y el tema debe que ser prioridad para las Autoridades. Junto las mejoras de las condiciones de seguridad en la que se realiza la atención de salud, es necesario un enfoque preventivo. Esto requiere del compromiso de los diversos actores involucrados, poniendo en el centro del trabajo la creación de un ambiente seguro que se sustente sobre una sana relación entre nuestra población y los funcionarios de los distintos dispositivos de salud.
Ley de Identidad de Género: Niños y niñas ¿objetos de protección o sujetos de derecho?
Dr. Fernando González
Presidente Comisión de Infancia, Colegio Médico de Chile
La identidad de género es una vivencia interna e individual que cada persona siente profundamente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacer. El proyecto de ley de Identidad de Género, aprobado en el Congreso, reivindica el artículo N° 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, celebrada en 1989 por la UNICEF, y ratificada por Chile en 1990 respecto a “Preservación de la Identidad”.
El reconocimiento por parte de la sociedad de la identidad de género de las personas transgénero es un derecho, por lo que no debiese requerir la autorización de terceros. La importancia de esta modificación legislativa radica en que el uso del nombre social está asociado a disminución de síntomas depresivos, ideación y conductas suicidas en adolescentes transgénero, que puede ser dos o tres veces mayor que sus pares no-trans.
Existe amplio acuerdo en que el procedimiento, idealmente, debiera contar con el respaldo o autorización de uno de los apoderados o tutor legal. Sin embargo, en caso de no existir ese respaldo, se hace necesaria una instancia -como la Defensoría de la Niñez u otra- que abogue por garantizar el derecho a la identidad, resguardando el bien superior del adolescente en este escenario.
Además, que cada caso se encuentre vinculado a un equipo de salud que ofrezca seguimiento y acompañamiento a lo largo del proceso de transición de género al adolescente y su familia.
Respecto de los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años, es fundamental que las instituciones del Estado con las que están en contacto frecuentemente –en particular en Salud, Educación y Servicios Sociales-, les garanticen el derecho a ser llamados por su nombre social. Por otro lado, el equipo de salud debe darles atención integral y oportuna, independiente de la posibilidad de cambio registral, brindando apoyo en las decisiones que se vayan a tomar y acompañando a la familia y comunidad en el reconocimiento de este derecho, para ello, el Estado de Chile debería actuar como garante.
Todos nacemos libres e iguales. Por eso se debe garantizar el derecho a recibir un trato digno, a la igualdad, educación, salud y trabajo de las personas trans de toda edad, reconociendo a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho.
