Columnas de opinión

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Marco ético para la distribución equitativa de vacunas para el COVID-19

Dra. Sofía P. Salas

Integrante Dpto. Ética Colegio Médico de Chile. Centro de Bioética, Facultad de Medicina Clínica Alemana-U. del Desarrollo

En la actualidad se están desarrollando diversos tipos de vacunas contra el nuevo coronavirus SARS-Cov-2, causante del severo cuadro respiratorio denominado COVID-19. Dado que la demanda por tener acceso a las vacunas será muy superior a la capacidad de producción inicial, es necesario diseñar estrategias globales de distribución equitativa de estas vacunas.

Cualquiera que sea el sistema de distribución elegido, se debe evitar que los países productores de vacunas o los con mayor poder adquisitivo acaparen todas las dosis para sus poblaciones, limitando severamente la disponibilidad para las otras naciones.

Una primera propuesta de distribución justa es que éstas se repartan de manera proporcional al número de habitantes de cada país; una vez que todas las naciones han recibido dosis para un 20% de su población, se vuelven a repartir hasta alcanzar a la totalidad del público objetivo. Si bien esta distribución puede parecer inicialmente adecuada, no considera las inequidades de salud existentes en las distintas poblaciones, por lo que no necesariamente satisface el principio de justicia.

Otras voces han sugerido que éstas sean distribuidas según necesidad, recibiendo aquellos países con mayor población en riesgo de enfermedad grave una mayor cantidad de vacunas, independiente de su poder adquisitivo, en lo que ha sido llamado un “modelo de prioridad justa”.

Teniendo como foco principal al individuo que recibirá la vacuna, este modelo identifica tres valores relevantes: beneficiar al individuo, limitando el daño y la muerte prematura; darle prioridad al desaventajado, que tiene mayor riesgo de sufrir las consecuencias socioeconómicas de la pandemia; y tener la misma preocupación moral por cada individuo. Como toda propuesta, tiene también críticas. Tal vez, la principal se refiere a cómo asegurar que al interior de cada país las dosis sean distribuidas de manera justa y equitativa, especialmente cuando no se cuenta con la infraestructura sanitaria requerida para administrarlas de manera segura y oportuna.

A su vez, los principios que orientarán la distribución de las dosis de vacunas deben ser transparentados y comprendidos por la población, puesto que es fundamental mantener la confianza pública en todo el proceso. Esto incluye claridad absoluta respecto de cómo se toma la decisión respecto de cuál o cuáles vacunas adquirir.

Mientras se avanza en poder tener acceso a vacunas, es importante considerar que éstas no van a reemplazar las actuales medidas de distanciamiento físico, uso de mascarillas y lavado de manos, porque no todos podrán ser vacunados e incluso entre los vacunados no habrá 100% inmunidad.

El Impacto del COVID-19 en las Mujeres

Dra. Francisca Crispi G.

Pdta. Dpto. Género y Salud Colegio Médico de Chile. Académica Escuela de Salud Pública, U. de Chile

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto que sobrepasa con creces lo sanitario, provocando una fuerte crisis económica social.

En este sentido, se ha expuesto la vulneración de grupos en condición de riesgo, como por ejemplo la población migrante, la población penal y las mujeres.

Si bien en términos de mortalidad y morbilidad por COVID-19 las mujeres no han sido las más afectadas, no podemos decir lo mismo en términos sociales y económicos. En lo laboral, la pandemia ha exacerbado las brechas de género. Datos del INE muestran que la participación de las mujeres en el mercado laboral ha disminuido hasta una cifra historicamente baja de un 42% entre junio y agosto 2020, 20 puntos porcentuales más baja que el género masculino que tiene un 63,5%. También, las mujeres están más representadas en trabajos informales, que han sido los que más se han visto amenazados en la pandemia. Al mismo tiempo, hay rubros específicos en los cuales las mujeres están sobrerrepresentadas que se han visto especialmente afectados, por ejemplo, las trabajadoras de casa particular y las trabajadoras sexuales.

Otro punto relevante en relación al trabajo, es el esfuerzo que han tenido que hacer las mujeres para compatibilizar su trabajo con el rol de cuidados de tercero/as, en el cual, por estereotipos, se le asigna al género femenino una carga superior. El estudio “Vida en Pandemia” de la Universidad de Chile muestra que el aumento en las tareas del hogar y tareas de cuidado ha sido significativamente mayor para las mujeres.

Por otro lado, secundario a los confinamientos, las expresiones de violencia de género han aumentado abruptamente. Esto se expresa en los llamados de ayuda a la línea 1455 del SERNAMEG, que se cuatruplicaron entre mayo 2019 y mayo 2020. El mismo fenómeno se da en la línea de carabineros para orientación por Violencia Intrafamiliar (VIF). Lamentablemente, al mismo tiempo vemos que han disminuido las denuncias por VIF en la Fiscalía, lo que aumenta una brecha entre los eventos de violencia y las denuncias realizadas que con mucho esfuerzo había conseguido reducirse en años previos.    

También, la pandemia ha afectado la salud sexual y reproductiva de manera relevante. Hemos visto en brotes anteriores como estas atenciones no son priorizadas, sin embargo, hay una serie de atenciones esenciales que no son postergables. Por ejemplo, han disminuido en un 35% las interrupciones voluntarias del embarazo, y encuestas han mostrada la falta de acceso a anticonceptivos.

Todas estas áreas hacen urgente la inclusión de la perspectiva de género tanto en la estrategia sanitaria como en la reactivación. Al final del día, cuando en un futuro miremos hacia atrás y evaluemos el manejo de la pandemia, esta evaluación no se reducirá a mortalidad y morbilidad COVID, sino que, al impacto en la ciudadanía en múltiples áreas, incluyendo lo económico y lo social. Y si no consideramos a las mujeres, inevitablemente seguiremos aumentando brechas e inequidades.

Salud “sin dejar a nadie atrás”: una deuda con nuestras personas mayores y con discapacidad

María Soledad Cisternas

Enviada Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre discapacidad y Accesibilidad.

La pandemia del Covid-19 ha afectado de manera desproporcionada a ciertos sectores de la población, entre ellos, a las personas con discapacidad y las personas mayores. Se han evidenciado las brechas y vacíos de la legislación, las políticas públicas y otras medidas en cuanto a la falta de accesibilidad universal en muchos hospitales, servicios, transporte, información, comunicaciones y tecnologías, entre otros; lo que constituye una forma de maltrato estructural.

Por lo expresado, será indispensable la construcción de políticas públicas que sean el resultado de las respuesta participativa e inclusiva a la pandemia, “sin dejar a nadie atrás”, como lo expresa la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. En tal sentido, es fundamental profundizar en la gobernanza inclusiva, a través de la alianza entre el sector público y el sector privado, la sociedad civil y otras partes interesadas para catalizar de manera real y efectiva la accesibilidad universal que contribuirá a que el derecho a la salud sea una realidad para todos y todas. Esto implica la adecuada capacitación del personal de esta área. Las mesas de trabajo de SENADIS, con participación de la sociedad civil, han expresado al Ministerio de Salud los requerimientos de capacitación para la atención en salud inclusiva y de calidad.

Se trata de derechos y no de “favores” o de “buena voluntad”, ya que Chile es Estado parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (2006) y de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015), instrumentos internacionales vinculantes que obligan a gobiernos, pero también a todos los sectores de la sociedad. Sin duda, nuestro país en el proceso de “rendición de cuentas” ante los mecanismos de monitoreo internacional tendrá que abordar la efectividad de la respuesta inclusiva y participativa a la pandemia, con información fidedigna, basada en datos y estadísticas en orden a los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde cabe destacar la vida saludable y el bienestar de todas las personas en  todas las edades y la erradicación de la pobreza en su distinta forma. Nos quedan solo 10 años para cumplir estas metas lo que implica el trabajo mancomunado de toda la sociedad, con una significativa relevancia del Colegio Médico, en línea a visibilizar y contribuir a las mejores soluciones en salud, “sin dejar a nadie atrás” como señala la agenda 2030 de Naciones Unidas.