La pandemia del Covid-19 demostró cómo una enfermedad infecciosa tiene consecuencias devastadoras si no se dispone de una vacuna. Hoy tenemos vacunas desarrolladas y aprobadas de manera provisional, que son seguras y efectivas. Ellas protegen contra el virus SARS-CoV-2, reduciendo contagios, enfermedad grave y muerte. Con la inmunidad adquirida cuando existe un alto porcentaje de vacunados, disminuye la circulación viral, protegiendo a la población que no puede vacunarse, por distintas razones. Es la inmunidad de rebaño.
Con vacunas beneficiosas, tanto para la salud e interés propio como de la comunidad, la inmunidad de rebaño es un importante bien público que el Estado debe alcanzar mediante la vacunación obligatoria.
La persona informada de la disponibilidad de una vacuna, se espera acuda de manera voluntaria, pero muchos se niegan, sea por temor a efectos adversos, por razones de conciencia o postura anti-vacunas. Esta libertad de tomar decisiones sobre la propia salud e integridad corporal, se enfrenta así a la obligación del Estado de proteger la salud de toda la población y de los bienes públicos, que nos exige en cuanto miembros de una comunidad a contribuir en justicia, para alcanzar el bien público y evitar el daño, más aún cuando el costo individual es menor.
La obligatoriedad de la vacunación adquiere distintas formas según imponga restricciones directas o indirectas: cuando se establece legalmente obligatoria, con o sin una sanción; o cuando se establecen incentivos, como que se requiera una prueba de vacunación para acceder a un lugar o disfrutar de un beneficio como el pase de movilidad.
La restricción completa de la libertad en aras del bien común debe justificarse con evidencias claras del daño a terceros y debe hacerse en un debate mucho más amplio con transparencia y la confianza de la ciudadanía para adherir a las políticas públicas.
Entonces, lo prudente es aplicar la medida menos coercitiva posible en la población general. Tenemos una adherencia histórica a los programas de vacunación y aún tenemos un espacio para mejorar la confianza en el sistema público y en la comunidad científica con estrategia comunicacional y educación, por lo que nos ha parecido adecuada la medida de obligar indirectamente con incentivos para tener el pase de movilidad, lo que socava menos la autonomía y ha logrado aumentar la vacunación. Considerar además que siendo una vacuna segura fue aprobada en emergencia.
La vacunación al grupo de profesionales de la salud no solo pretende evitar contagio y enfermedad grave, sino también el daño directo a los pacientes y protección de la capacidad de atención del sistema, por lo que la obligación ética en justicia tiene fuerza mayor que en el público general. Pensamos que debería dictarse una obligación legal directa, que ya tiene antecedentes en la vacunación contra Hepatitis B. En caso de negativa debería ser retirado de la atención directa, trasladado a otro puesto laboral o decidir conjuntamente poner fin al contrato de trabajo.
Dra. Gladys Borquez Estefó
Presidenta Departamento
de Ética COLMED
