Hablar de salud pública suele llevarnos, inevitablemente, a hablar de recursos. Presupuestos, listas de espera, inversiones, déficit, productividad. Son conceptos indispensables para comprender el funcionamiento de un sistema que debe responder, cada día, a millones de personas. Sin embargo, cuando el debate se reduce únicamente a cifras, existe el riesgo de perder de vista aquello que da sentido a todas ellas: las personas.
El sistema de salud chileno enfrenta una presión creciente. Atiende a una población que envejece, convive con enfermedades cada vez más complejas, incorpora nuevas tecnologías, enfrenta mayores costos y debe responder a una demanda asistencial que no deja de aumentar. En ese contexto, es legítimo que la sociedad exija una utilización responsable y eficiente de los recursos públicos. De hecho, la eficiencia no es solo una necesidad administrativa: constituye una obligación ética. Cada peso invertido en salud debe traducirse en más y mejores oportunidades de atención para las personas.
Pero la eficiencia merece una discusión rigurosa. Porque no significa simplemente gastar menos. Significa organizar mejor, eliminar procesos innecesarios, incorporar innovación, fortalecer la gestión y utilizar los recursos allí donde generan mayor valor sanitario. Significa hacer más con los mismos recursos, no pretender hacer más con menos recursos. Esa diferencia, que puede parecer sutil, cambia completamente la naturaleza del debate.
La experiencia internacional demuestra que las transformaciones más exitosas en los sistemas de salud no comienzan con recortes. Comienzan con planificación, inversión estratégica, fortalecimiento de la capacidad de gestión y rediseño de los procesos asistenciales. Se necesita generar condiciones para maximizar los beneficios y, sobre todo, la posibilidad de reinvertirlos para fortalecer la propia red de salud.
Existe, además, otra dimensión que con frecuencia queda fuera de esta discusión. Cuando el debate público instala la idea de que las dificultades del sistema responden principalmente a ineficiencias o a una mala gestión generalizada, no solo simplifica un problema mucho más complejo. También produce un efecto que pocas veces se considera: erosiona la confianza.
La confianza de las personas en las instituciones sanitarias constituye un activo esencial para cualquier sistema de salud. Sin ella resulta más difícil promover la prevención, sostener campañas de vacunación, enfrentar emergencias sanitarias o fortalecer la relación entre pacientes y equipos de salud. Pero también existe una confianza interna, menos visible y no por ello menos importante: la de quienes trabajan diariamente en hospitales, consultorios y servicios de urgencia.
Miles de profesionales y trabajadores de la salud sostienen la red pública enfrentando desafíos crecientes, muchas veces con recursos limitados y bajo una enorme presión asistencial. En los últimos años, además, la productividad ha mostrado una recuperación significativa, demostrando que existe un esfuerzo permanente por responder mejor a las necesidades de la población. No reconocer el trabajo responsable de una mayoría e insistir en poner el foco en las malas prácticas o abusos de algunos; o instalar la idea de que todo funciona mal, no contribuye a resolver los problemas. Al contrario, puede desmotivar a quienes hacen posible el funcionamiento cotidiano del sistema y deteriora la confianza ciudadana en instituciones que siguen siendo fundamentales para el país.
Nada de esto significa renunciar a la exigencia de una mejor gestión. Al contrario. La salud pública necesita procesos más eficientes, presupuestos mejor diseñados, mecanismos de financiamiento que permitan planificar a mediano plazo y una evaluación permanente de los resultados. Pero también necesita un debate que reconozca la complejidad del sistema y evite falsas dicotomías entre responsabilidad fiscal y capacidad de respuesta sanitaria.
El verdadero desafío no consiste en elegir entre eficiencia o financiamiento. Consiste en comprender que ambas dimensiones son inseparables. Un sistema que administra mejor sus recursos puede ofrecer mejores resultados. Pero un sistema al que se le priva de las condiciones mínimas para funcionar, difícilmente podrá ser más eficiente.
Porque, al final, la salud pública no se sostiene únicamente sobre balances presupuestarios. Se sostiene sobre el trabajo cotidiano de miles de personas, sobre instituciones capaces de planificar con estabilidad y sobre la confianza de una ciudadanía que necesita saber que, cuando requiera atención, encontrará un sistema preparado para responder.
Esa confianza también se construye. Y cuidarla es, quizás, una de las inversiones más importantes que un país puede hacer por los ciudadanos y ciudadanas que lo habitan.
Dra. Anamaría Arriagada
Presidenta Nacional Colegio Médico
