Dra. Gladys Bórquez Estefó
Presidenta Depto. de Ética COLMED
La existencia de una relación diferente entre el enfermo y el profesional de la salud, que enfatiza la deliberación y participación conjunta, se traduce en el consentimiento informado. Su esencia es considerar que las decisiones en salud, para ser moralmente aceptables, deben ser autónomas, es decir, cumplen con voluntariedad, información y capacidad.
El proceso que determina la capacidad de los pacientes para ejercer su autonomía es complejo, porque el respeto por la autonomía como obligación ética debe a menudo armonizar con otros principios que compiten, como prevenir el daño, actuar en función del beneficio de los pacientes y los problemas de asignación de recursos justos. También, la falta en manejo de entrevista clínica y de guías o protocolos de uso consensuado para estos efectos, hace que el proceso descanse en la experiencia y criterios propios de la práctica individual.
Los criterios de capacidad sanitaria hacen referencia a las aptitudes de los pacientes para recibir, comprender y procesar racionalmente información, tomar una decisión y comunicarla adecuadamente. Los estándares no son siempre los mismos, sino que ellos se deben definir de acuerdo con la gravedad de la decisión a tomar. Los protocolos van desde la entrevista clínica a instrumentos específicos.
En la práctica, se confunde la capacidad para tomar decisiones en el ámbito médico y legal, lo que es de suma importancia para las personas, toda vez que la consecuencia de ser declarado incapaz es el impedimento de seguir ejerciendo ese derecho tan personal. Esta tarea, dependiendo del caso, le será entregada a un tercero. Es preciso aclarar que cuando la mayoría de edad es el único criterio para definirla o una declaración de interdicción, se entrega el poder total al cuidador o tutor legal siendo que muchas personas no son necesariamente incapaces de tomar todo tipo de decisiones.
La capacidad, en principio, se presume existente. Esta evaluación es, en la mayoría de los casos, de responsabilidad del médico tratante, y sólo cuando tiene dudas, consulta a un experto. En estos casos, el informe que recibe habitualmente corresponde a un diagnóstico de salud mental y no a un juicio respecto de la capacidad para participar en el proceso del Consentimiento Informado, por lo que no le resulta vinculante. Es por tanto de suma importancia optimizar la entrevista clínica, mejorando la información, poniendo atención en aspectos emocionales como la negación o ideas sobrevaloradas o en el uso de medicamentos, y entregar soporte situacional. Existen algunos instrumentos como el MacCAT-T y MacCAT-CR (Mac Arthur Competence Assessment para tratamiento y para investigación) y el ACE (Aid to Capacity Evaluation) que pueden aplicarse en casos específicos.
Sin duda, es una tarea a la que debemos abocarnos todos los profesionales de la salud, puesto que decisiones de rechazo de terapia, de adecuación de esfuerzo terapéutico, decisiones subrogadas y participación en investigación con seres humanos son problemas éticos frecuentes en la práctica clínica y motivo de consulta a los Comités de ética asistencial y de investigación.
