Tras numerosas gestiones, diálogos institucionales y trabajo técnico, el Colegio Médico logró poner fin a una situación que durante años afectó a médicas embarazadas del sistema público: jornadas de hasta 50 horas semanales derivadas de la redistribución de turnos nocturnos. La nueva normativa, incorporada en la Ley 21.806 de reajuste del sector público, establece un límite de 44 horas semanales sin reducción de remuneraciones, corrigiendo una brecha incompatible con la protección de la maternidad y la salud laboral.
Por Daniela Zúñiga Ríos
Durante años, una paradoja laboral afectó a un grupo específico de profesionales del sistema público de salud. Médicas embarazadas con contratos de 22 y 28 horas, al suspender sus turnos nocturnos debían pasar las esas horas obligatoriamente a jornada diurna. El resultado era una jornada de hasta 50 horas semanales, muy por encima de las 44 horas que rigen para el resto de los funcionarios públicos y, más aún, en un contexto en que el país avanza hacia una jornada laboral de 40 horas.
Se trataba de una situación legalmente permitida, pero profundamente contradictoria con el espíritu de protección que el propio Código del Trabajo busca resguardar durante el embarazo. En su artículo 202, aplicable tanto al sector público como al privado, establece que desde el momento en que la funcionaria se encuentra embarazada, no puede ser obligada a realizar trabajos que pongan en riesgo su embarazo, tales como permanecer larga horas de pie, labores que impliquen esfuerzo físico, horas extraordinarias, trabajo nocturno, entre otros.
No obstante, la redistribución horaria, pensada originalmente para cuidar a la trabajadora, terminaba generando una sobrecarga incompatible con un embarazo saludable. En la práctica, significaba jornadas de hasta diez horas diarias durante cinco días consecutivos, en un momento de la vida en que la salud materno-fetal exige condiciones laborales más cuidadosas.
Cuando la experiencia se convierte en causa
El problema comenzó a visibilizarse con mayor fuerza a partir de los casos que llegaban a la Unidad de Defensa de Género, UDEGEN, del Colegio Médico. Decenas de médicas reportaban cada año esta situación, que evidenciaba una brecha entre la normativa laboral y las condiciones reales del ejercicio profesional.
Para la presidenta del Colegio Médico Santiago, Dra. Francisca Crispi, la visibilización de esta problemática también refleja un cambio en la forma en que el gremio aborda las desigualdades dentro de la profesión. “Esto es parte de cómo las mujeres nos hemos incorporado al Colegio Médico, un espacio que al estar dominado por hombres durante mucho tiempo, un problema como que las médicas trabajaban 50 horas embarazadas, no era visibilizado”, reflexiona.
Una estrategia gremial sostenida
Frente a esta situación, el Colegio Médico desplegó una estrategia que combinó acciones técnicas, jurídicas y políticas.
En octubre de 2023, el gremio ingresó formalmente un requerimiento ante Contraloría para revisar los dictámenes que permitían esta redistribución horaria. Meses después, una delegación encabezada por dirigentas del Colegio Médico expuso ante el organismo fiscalizador las implicancias de estas jornadas para la salud materna y del embarazo.
Sin embargo, el pronunciamiento del ente contralor ratificó el criterio vigente, señalando que, bajo el marco normativo existente, la redistribución de horas que derivaba en jornadas de hasta 50 horas semanales se ajustaba a derecho. El propio organismo indicó que la única forma de corregir esta situación era a través de una modificación legal.
Esto marcó un punto de inflexión en la estrategia gremial. Ante la imposibilidad de resolver el problema por vía administrativa, el Colegio Médico impulsó una propuesta legislativa destinada a limitar la jornada laboral de las médicas embarazadas a un máximo de 44 horas semanales, sin reducción de remuneraciones.
Del diagnóstico a la ley
Tras meses de gestiones gremiales que incluyeron reuniones con la Ministra Secretaria General de la Presidencia, la entrega de una carta al Presidente de la República y la presentación de una propuesta legislativa junto a la senadora Ximena Órdenes –declarada inadmisible, debido a que implicaba materias de administración financiera del Estado que, según la Constitución, solo pueden ser patrocinadas por el Ejecutivo-, el Colegio Médico vio en la tramitación de la Ley de Reajuste del Sector Público 2026 –una norma miscelánea que, junto con abordar el tema remuneracional, suele incorporar modificaciones a distintos cuerpos legales-, la oportunidad más viable para introducir este anhelado cambio.
Finalmente, durante su tramitación legislativa se incorporó la modificación que limita la jornada de las médicas embarazadas a un máximo de 44 horas semanales, cerrando así una demanda gremial que durante años había buscado corregir una situación ampliamente considerada injusta.
Así es como la Ley Nº21.806, en su artículo 100 establece que las médicas embarazadas que, por razones legales, no pueden realizar trabajo nocturno no podrán exceder una jornada de 44 horas semanales, las que deberán cumplirse íntegramente en horario diurno y sin disminución de sus remuneraciones.
Para la presidenta nacional del Colegio Médico, Dra. Anamaría Arriagada, este avance también tiene un significado generacional. “Si algo nos ha enseñado la historia, y especialmente la historia de la medicina, es que no hemos llegado solas. Un ejemplo concreto es este logro. Durante años, las jornadas extensas en médicas embarazadas fueron naturalizadas, muchas veces a costa de nuestra salud, de nuestra vida familiar y de nuestro bienestar”, señala y agrega que “este avance no es solo una mejora laboral. Es también una señal de que la medicina puede organizarse de manera más humana, entendiendo que quienes cuidamos también necesitamos condiciones dignas para trabajar y vivir”.
Un avance para el sistema de salud
El fin de las 50 horas no solo representa un cambio normativo. También constituye una señal sobre el tipo de condiciones laborales que requiere el sistema de salud para avanzar hacia mayor equidad.
En un sector donde cerca del 70% de la fuerza laboral está compuesta por mujeres, la conciliación entre trabajo y maternidad se ha convertido en un desafío estructural.
La nueva normativa busca precisamente responder a esa realidad: proteger la salud de las médicas embarazadas, resguardar el desarrollo del embarazo y avanzar hacia un ejercicio profesional libre de barreras asociadas al género.
Se trata, además, de una reforma que no implica un aumento del gasto fiscal y que corrige una situación que afectaba a un número acotado pero significativo de profesionales cada año.
El resultado es, sobre todo, una muestra de lo que puede lograrse cuando el trabajo gremial se sostiene en el tiempo: una demanda que comenzó como denuncia, se transformó en campaña y terminó convertida en ley.
Así lo destaca la presidenta del COLMED Santiago, Dra. Francisca Crispi: “Hoy celebramos este triunfo, que parece un estándar mínimo de respeto. Pero también sabemos algo que la historia del movimiento por los derechos de las mujeres nos ha enseñado: que cada conquista debe defenderse en la práctica día a día. Nada es automático y ningún avance es irreversible si no lo cuidamos”.
