Dra. María Paz Soto
Presidenta Departamento Medicina Privada COLMED
El Fondo Nacional de Salud (FONASA) se encuentra en una encrucijada histórica. La progresiva crisis del sistema de Instituciones de Salud Previsional (Isapres) ha empujado a millones de chilenos hacia el seguro público, transformándolo en el pilar casi exclusivo del aseguramiento sanitario del país. Sin embargo, este crecimiento masivo en su cartera de afiliados no ha ido acompañado de un robustecimiento institucional que priorice la equidad y una gestión eficiente del financiamiento. En este escenario, las dos vías que posee el organismo para articular la colaboración con el sector privado —la histórica Modalidad Libre Elección (MLE) y la reciente Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC)— reflejan a la perfección las tensiones de su diseño.
Por un lado, la Modalidad Libre Elección nació como un complemento estratégico para descongestionar la red estatal y brindar una opción de atención oportuna y de calidad en clínicas y centros privados. Históricamente ha operado como una válvula de escape fundamental para sortear las crónicas listas de espera. No obstante, el gran talón de Aquiles de la MLE sigue siendo el elevado gasto de bolsillo de las familias, gatillado por coberturas insuficientes que generan copagos inalcanzables.
Este problema se ha agudizado drásticamente porque los reajustes de los aranceles públicos corren muy por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El ejemplo más elocuente es el arancel publicado en marzo de 2026: mientras el IPC cerró en un 3.5%, el reajuste otorgado por la institución fue de apenas un 1.77%. Al no cubrir los costos reales de las prestaciones ni considerar los avances de la medicina y sus tecnologías, se produce un evidente desinterés en las instituciones y profesionales médicos, quienes deciden no mantener o abandonar sus convenios con FONASA. Así, la «libre elección» termina fuertemente erosionada y condicionada a la capacidad de pago de cada usuario.
Como respuesta alternativa a esta brecha nació la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) bajo el marco de la ley corta de isapres. Esta fue concebida como un esquema de seguro voluntario con prima plana para dotar a los afiliados de una protección financiera robusta y copagos conocidos. No obstante, el tropiezo fundamental de la MCC radica en sus fallidos procesos de licitación. El desinterés de las grandes compañías aseguradoras para administrar este seguro complementario evidencia una falla de diseño estructural: intentar sostener un modelo voluntario sin un fondo de compensación de riesgo sanitario robusto genera una selección adversa insostenible a largo plazo, ya que las aseguradoras temen que solo se inscriban los usuarios con preexistencias complejas y altas necesidades de atención.
Ante esta realidad, la mirada de las nuevas autoridades de FONASA parece apuntar en la dirección correcta: más que desgastarse en crear e implementar nuevas formas de financiamiento complejas como la MCC, la prioridad urgente debe centrarse en analizar y fortalecer la Modalidad Libre Elección ya existente. Evaluar exhaustivamente los costeos y sincerar los aranceles de las prestaciones es el único camino viable para permitir un aumento real de los convenios con el sector privado y, en consecuencia, recuperar la red de profesionales en beneficio de los pacientes.
