Dr. Rodrigo Salinas,
Secretario Técnico Departamento de Ética Colegio Médico de Chile
El contrato no escrito de la profesión médica con la sociedad descansa en el respeto de parte de quienes la ejercen de los principios del profesionalismo que le otorgan sus fundamentos éticos. El primero de estos principios reconoce que el interés principal del médico obliga a anteponer el bienestar del paciente a cualquier otro, proveniente tanto del propio profesional como de terceras partes.
A este principio, que se remonta a la tradición hipocrática, se agregan los principios de respeto por la autonomía del paciente y la obligación de promover la justicia en la atención sanitaria, que obligan al médico a respetar la voluntad autónoma del paciente y a prestar atención a la distribución justa de los recursos en salud, evitando toda discriminación arbitraria en el cuidado de los pacientes.
La supervisión del debido cumplimiento de estos principios descansa, en primer lugar, en la recta conciencia de quien ejerce la medicina. Igualmente importante es que existan estructuras dispuestas por la profesión y el Estado para supervisar su cumplimiento. Así se preserva la confianza en la profesión y en cada médico, asegurando que quien acude en busca de ayuda sepa que su atención busca exclusivamente su bienestar.
La asimetría de la información médica entre médicos y pacientes, así como los resultados desastrosos que puede generar una atención deficiente, han llevado, en países con mayor desarrollo organizacional, a crear instituciones que supervisan técnica y éticamente el ejercicio médico, mantienen el registro de habilitados y actúan como tribunales frente a infracciones deontológicas, cuya redacción es responsabilidad de los propios profesionales.
Las instituciones destinadas a cumplir estas funciones deben, para contar con la confianza de la sociedad, demostrar más allá de toda duda razonable que están libres de conflictos de interés que puedan afectar su propósito central: resguardar el bienestar del paciente. Por lo mismo, la institución que asuma estas responsabilidades en Chile debe tener dedicación exclusiva, sin otros fines que comprometan su imparcialidad.
