La propuesta original de reajuste al sector público dejaba fuera de este beneficio a gran parte del cuerpo médico, al establecer topes y la aplicación del aumento de manera diferenciada. Esto motivó una movilización de las y los profesionales de la salud afectados, a la cual se sumaron funcionarios de Fiscalía, el Poder Judicial y Municipios, entre otros, que, finalmente, permitió algunas mejoras.
Por Daniela Zúñiga Ríos
Viernes 2 de diciembre de 2022 y a través de los medios de comunicación se da a conocer el acuerdo alcanzado entre la Mesa del Sector Público y el Ministerio de Hacienda, tras el término de las negociaciones, el cual proponía un reajuste del 12% para los sueldos brutos inferiores al tope imponible ($2.200.000). Superado este monto, se aplicaría un bono de $264.000, con un límite de exclusión de $4 millones.
La propuesta rápidamente enciende los chats médicos y nuestros dirigentes nacionales y regionales levantan estos reclamos, por lo que se convoca a un Consejo Nacional Extraordinario. Tras la instancia, se emite una declaración pública, que señala que “el proyecto de Ley no considera a un grupo significativo de profesionales de la salud, incluidos médicos y médicas, que han visto disminuidos sus ingresos en términos reales, como consecuencia de la inflación acumulada durante el último año, que asciende a más del 12%. Esta discriminación afecta directamente a aquellos que trabajan en forma exclusiva en la salud pública y debilita a este sector, por lo cual demandamos al Gobierno corregir la propuesta que ingresará al Parlamento, otorgando el reajuste a todos los funcionarios del sector público, sin discriminación alguna”.
La declaración rápidamente se viraliza, llega a la autoridad y desde el Gabinete del Ministerio de Hacienda contactan al Dr. Patricio Meza para aclararle que el proyecto no incluirá el mencionado límite de $4 millones, lo que fue ratificado más tarde con un comunicado emitido desde la cartera el martes 6 de diciembre.
Pero seguía manteniéndose el reajuste diferenciado, por lo que el miércoles 7 de diciembre nuestros dirigentes Nacionales y del Consejo Regional Santiago, y junto a líderes de la Federación de Colegios Profesionales, de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud de Chile (Fenpruss) y del Colegio de Cirujanos Dentistas y del de Enfermeras -también afectados por esta medida discriminatoria-, entregaron en el Palacio de La Moneda una carta dirigida al Presidente de la República, Gabriel Boric, solicitando el reajuste del 12% por igual para todos los trabajadores de la salud. En la misiva también se le pidió que se incluyera a estas instituciones en la mesa de negociación de reajuste del sector público, puesto que sus visiones e intereses no están representados en su composición tradicional.
Esta misma carta se entregó por parte de nuestros dirigentes nacionales en las distintas Delegaciones Presidenciales del país.
Luego, el 9 de diciembre se realiza una reunión con la Directora de Presupuestos, Javiera Martínez, donde no se mostró intención de ceder y mejorar la propuesta, argumentando que no se podía cambiar el acuerdo firmado con la Mesa del Sector Público. Además, señalan que se debe trabajar sectorialmente con el Ministerio de Salud para otras mejoras en las condiciones laborales.
En paralelo, se realizan intensas gestiones a nivel parlamentario. Todas las directivas regionales se contactan con las y los diputados y senadores de su zona para expresarles sus argumentos respecto a la necesidad de tener un reajuste igualitario. Del mismo modo, el Presidente de la Orden, Dr. Patricio Meza, junto a la Presidenta del Colegio Médico Santiago, Dra. Francisca Crispi, asisten a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas, donde se discute el proyecto del Gobierno. También, funcionarios del Congreso, de Municipalidades, del Poder Judicial, de Fiscalía, entre otros, hacen ver a los legisladores la injusticia de la propuesta y la forma en que perjudicará la retención de profesionales en el sector público.
Pese a que muchos empatizaron con la situación, la propuesta del Ejecutivo fue aprobada tanto en la Comisión como en el pleno de la Cámara, avanzando en su trámite hacia el Senado, por lo que nuestros dirigentes llevan sus argumentos ante la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta.
Mientras, se visibiliza la situación a través de todos los medios posibles: en las redes sociales institucionales, con puntos de prensa y entrevistas en medios de comunicación nacionales y regionales; se realizan movilizaciones en los centros de salud y se gestionan reuniones con autoridades locales. Médicos y médicas unidos haciendo presente su sensación de injusticia y menosprecio a su labor, acompañados de profesionales públicos de la salud y de otras instituciones. Estas actividades se definen tras una encuesta nacional que tuvo cerca de 4 mil respuestas, donde el 90,5% de quienes respondieron rechazaron la propuesta del Gobierno de reajuste y el 69% estuvo de acuerdo con realizar movilizaciones, como reuniones o marchas.
El Dr. Meza resume este malestar así: “Durante más de dos años de pandemia, estuvimos en la primera línea, haciendo turnos extra, sacrificando nuestra salud física y mental, y hoy, con las largas listas de espera, se nos pide un esfuerzo adicional. Como gremio, hemos respondido a este llamado, realizando operativos médicos y poniéndonos a disposición del ministerio para esta tarea, pero cuando necesitamos que se respete nuestro trabajo, nos cierran la puerta en la cara. No pedimos un aumento salarial ni un trato distinto, pedimos que se reconozca el trabajo diario de las y los médicos, y de todos los profesionales de la salud del sector público”.
La luz al final del túnel
Cuando todo indicaba que no se avanzaría, tras las distintas negativas y muestras de falta de voluntad política, en la Comisión de Hacienda del Senado se logró un protocolo de acuerdo, firmado por el Ministro Mario Marcel, el cual establece que el Ejecutivo propondrá a través de una solución legislativa que debe ser presentada a más tardar el 31 de julio de 2023 “un ajuste a las remuneraciones de las y los funcionarios que recibieron el reajuste de $264.000. Este ajuste se aplicará a partir de agosto de 2023, con un incremento de 4% promedio respecto de las remuneraciones de este grupo de funcionarios/as en 2022. Este ajuste se complementará en diciembre de 2023 y permitirá totalizar un incremento máximo de 12% respecto de las remuneraciones vigentes a noviembre de 2022, sirviendo de base para el reajuste general que se determine para 2024”.
Con este compromiso, se logró la aprobación de la propuesta y que pudiera ser despachada a Ley.
El Dr. Patricio Meza señala que “si bien hubiéramos preferido que se aprobara el 12% universal de manera inmediata, y es la pelea que dimos hasta el final, creemos que se lograron avances que valoramos, como la eliminación de tope de $4.000.000, el protocolo de acuerdo, que permitirá que el reajuste sea para todos, aunque de forma gradual; además del compromiso de incorporarnos a las próximas negociaciones del reajuste y el anuncio de una Mesa de captación y retención de especialistas con la DIPRES”.
Cabe aclarar que, en general, el reajuste se aplica en base a jornadas completas y de manera proporcional a jornadas inferiores. Te explicamos cómo funcionará el reajuste gradual en la siguiente gráfica:
