Dra. Daniela Díaz Cabezas
Presidenta Departamento de Género y Salud COLMED
En tiempos de alta polarización, no es extraño que las decisiones sanitarias sean arrastradas al terreno de la disputa ideológica. Lo preocupante ocurre cuando esa disputa pretende definir cómo se atiende a las personas, qué prestaciones pueden ofrecerse o qué derechos deben resguardarse dentro de una consulta médica.
El Colegio Médico tiene la responsabilidad de participar del debate público desde el conocimiento sanitario, la ética profesional y la defensa de una atención centrada en las personas, con posiciones que defiende abiertamente: el acceso universal a la salud, la no discriminación, el respeto a la autonomía de los pacientes, entre otras. Esto resulta especialmente relevante en materias de salud sexual y reproductiva y diversidades sexo-genéricas.
En los últimos años hemos debido hacer frente a distintas controversias: la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, los alcances de la objeción de conciencia, la violencia gineco-obstétrica, la confidencialidad y el secreto profesional, la atención de infancias y adolescencias trans, las restricciones al acceso a tratamientos hormonales. Parecen temas distintos, pero comparten un mismo fondo: en todos, un tercero reclama autoridad sobre decisiones que pertenecen a la esfera más íntima de una persona, casi siempre presentando la tutela como protección. Y en todos, el campo de disputa elegido es la consulta clínica, el momento de mayor vulnerabilidad de quien consulta, usando al equipo de salud como instrumento o como obstáculo.
Hoy ese patrón reaparece con el proyecto de ley «Escucha su corazón», que exige “ofrecer” a las mujeres escuchar la actividad cardíaca fetal antes de optar por una interrupción del embarazo en el marco de las tres causales, e incluso pretende impedir al profesional realizar el procedimiento cuando la paciente lo rechaza. Esta medida es cruel: revictimiza, presiona y coerciona a mujeres en situación de extrema vulnerabilidad, y además quiebra la confianza que sostiene la relación entre pacientes y equipos de salud. Que adicionalmente carezca de beneficio clínico demostrado, solo confirma que su propósito no es sanitario.
Algo similar ocurre cuando se cuestionan las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer o del Día del Orgullo, como si visibilizar desigualdades significara privilegiar a ciertos grupos. Estas fechas recuerdan un hecho documentado: la discriminación, la violencia y las barreras de acceso producen efectos concretos y medibles sobre la salud de las personas.
Nombrar esos efectos es parte del trabajo sanitario.
Resulta inaceptable que las convicciones personales, religiosas o políticas se traduzcan en exigencias clínicas sin beneficio demostrado, impuestas a pacientes que no las comparten. Ahí no se están debatiendo ideas; se está usando el cuerpo de otra persona como terreno de disputa a través de iniciativas que, bajo una apariencia sanitaria, buscan incorporar convicciones ideológicas a la atención clínica.
Es precisamente cuando la desinformación gana espacio que debemos ser más firmes. Defender una medicina respetuosa, libre de discriminación y guiada por la mejor evidencia disponible es defender la profesión y, sobre todo, a las personas que confían en ella.
