Uno de cada cinco chilenos ha sufrido alguna enfermedad psiquiátrica en el último año. Pese a eso, los recursos destinados por el Estado a ese tipo de patologías son menos de la mitad de lo recomendado por organizaciones internacionales. Un problema silencioso, que se ha tornado un serio peligro, convirtiéndose, incluso, en la segunda causa de muerte entre los más jóvenes.
Por Patricio Cofré A.
Cada día, son miles de pacientes los que llegan a hospitales, clínicas y consultas médicas para preguntar por alguna molestia que va desde dolores de cabeza, ahogos, bajas de ánimo, brotes alérgicos, tics, ataques de llanto o ira. Muchos de ellos no tienen relación con patologías físicas, sino que son una primera alerta de un riesgo silencioso y que muchas veces cuesta descubrir.
Depresión, bipolaridad, esquizofrenia, trastornos de personalidad, ansiedad, crisis de pánico, fobias, son solo algunas de las enfermedades de salud mental que se pueden manifestar a través de múltiples síntomas somáticos. En ocasiones, ni el entorno, los profesionales del servicio público o los alcances de cobertura privada logran reconocer estos casos o dar una solución a estos pacientes.
Según cifras del Ministerio de Salud, la encuesta de Calidad de Vida del 2017 reveló que el 22% de la población asume haber padecido una de estas patologías y durante 2018, solo en el Programa de Salud Mental, se recibieron cerca de 4,1 millones de consultas.
“Es complejo definir lo que es la salud mental. Es imposible separarla de las condiciones de vida, trabajo, jubilación, barrios saludables o de ingresos económicos. Es un problema que excede a los psiquiatras, a los médicos e incluso al sistema sanitario, es un problema que exige de la sociedad una respuesta que no puede ser aislada, si no intersectorial. Si no hay salud mental, no hay salud”, explica el Dr. Luis Ibacache.
El psiquiatra y académico de la Universidad de Chile, es el primer encargado de la Comisión de Salud Mental del Colegio Médico, espacio que comenzó su funcionamiento en agosto pasado con el fin de abordar este tema de forma integral, analizar cifras, ser un interlocutor con diversos organismos y generar propuestas al respecto.
Es imposible separar la salud mental de las condiciones de vida, de trabajo, de jubilación, de barrios saludables o de ingresos económicos. Este es un problema que exige de la sociedad una respuesta que no puede ser aislada, sino intersectorial. Si no hay salud mental, no hay salud.
Dr. Luis Ibacache.
Encargado de la Comisión de Salud Mental del Colmed
Con el profesional, concuerda la doctora Graciela Rojas, psiquiatra de la Universidad de Chile, primera mujer que ocupa el cargo de Directora del Hospital Clínico de esa casa de estudios y quien lideró el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la misma entidad entre 2002 y 2010. Asegura que “la tremenda inequidad social que tenemos, la violencia en todas sus facetas, el sobreendeudamiento de la población para aumentar su consumo y la educación, que debería entregar herramientas para enfrentar situaciones estresantes, no es la mejor. En cualquier descripción que se haga de nuestra sociedad uno se encuentra con condicionantes sociales que nos afectan”.
Escenario preocupante
En el último tiempo, han sido recurrentes las noticias en los medios de comunicación y redes sociales sobre suicidios en espacios públicos, como centros comerciales o el metro, y sobre la prevalencia de enfermedades como la depresión o la bipolaridad entre la población nacional, temas de los que antes no solía hablarse con tanta frecuencia.
Pese a eso, la doctora Rojas asegura que los estudios indican que las cifras respecto a este tipo de patologías se mantienen estables en las últimas décadas.
“Antes de los 90, la salud mental estaba totalmente invisibilizada en Chile, no teníamos estudios, ni preocupación, ni planes de salud pública. Las primeras investigaciones de esos años, llegaron a la conclusión de que una de cada cuatro personas que vive en sus casas presenta trastornos, una cifra similar al 25-30% de hoy”, dice.
El jefe del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, Dr. Matías Irarrázaval, comenta que “efectivamente los datos no muestran un aumento de las enfermedades mentales, tampoco las tasas de suicidios. Las cifras son claras en relación a eso, pero no significa que estamos bien. No es un aumento de la enfermedad, si no de la necesidad de la población de ser tratada y atendida adecuadamente”.
Para reducir las cifras de prevalencia en la población general, especialmente en jóvenes y mujeres se necesitan más recursos. El 2% actual es insuficiente. La cifra que invirtamos tiene que tener un control riguroso de cumplimiento de indicadores.
Dra. Graciela Rojas.
Directora Hospital Clínico U. de Chile
El especialista explica que “en países de ingresos medio-altos de la región, las cifras de Chile son similares o un poco más bajas. Cuando no hacemos la división por grupos, nuestra prevalencia es un poco más alta”.
Pero aunque los números se mantengan relativamente estables, no dejan de ser una señal de alerta que no se puede dejar pasar. Los reportes más recientes indican que el 6% de las personas tuvo depresión en el último año; que el suicidio es la segunda causa de muerte entre adolescentes; que de las atenciones del Programa de Salud Mental del Minsal, 63% fueron a mujeres y de ellas, las que viven en situación de vulnerabilidad tienen entre 5 y 10 veces más de probabilidades de padecer una depresión. Entre los adolescentes, en tanto, se incrementaron las prestaciones entre 2014 y 2018 en 17,3% en el tramo de 10 a 14 años y en 24,9% en el segmento de 15 a 19. En el caso de los adultos mayores, el 1% sufre de demencia; el 7% de deterioro cognitivo y el 11% de trastornos mentales.
La doctora Rojas alerta, además, que el futuro no es auspicioso, considerando el consumo excesivo de drogas y alcohol en la población, que se asocian significativamente con el desarrollo de adicciones o patologías mentales.
“Los jóvenes duplicaron el consumo de marihuana entre el año 2001 (15%) y el 2017 (30%). Mientras que la mitad, a los 15 ha consumido alcohol o una droga”, precisa.
Del 2 al 5%
Durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, uno de los principales focos del trabajo en esta materia estuvo en la actualización del Plan Nacional de Salud Mental. El desarrollo de la iniciativa se extendió por cerca de dos años e incluyó la participación de 1.600 personas de diversos ámbitos, entre ellos miembros de la academia, de organizaciones sociales y colegios profesionales.
La ex ministra de salud, doctora Carmen Castillo, fue la encargada de liderar el proceso que terminó con un documento presentado a fines de 2017. “Había un plan que estaba vigente desde el año 2000 y había muchas nuevas situaciones en base a la Encuesta Nacional de Calidad de Vida para revisar cómo las comunidades estaban enfrentando problemáticas como la depresión, estrés, ansiedad, el consumo masivo de drogas, el alcoholismo, qué hacer con las demencias, con los adolescentes con situaciones de vulneración. Había mucho insumo que se fue trabajando para un plan que fuera importante y un sustrato para una futura Ley de Salud Mental, que consideramos que debe existir”, señala.
Una vez iniciada la administración del Presidente Sebastián Piñera, comenzó una nueva fase para esta iniciativa, explica el doctor Irarrázaval. “No hemos hecho cambios, es un plan que se consensuó, pero viene la etapa de bajarlo a acciones e indicadores concretos que permitan avanzar con una línea de tiempo y recursos definidos. Es un desafío, porque hay directrices bastante claras y requiere de una implementación para ver cómo impacta en la población”.
Una de las principales metas del proyecto, es precisamente uno de los puntos que se reconoce transversalmente como una necesidad fundamental para mejorar sustancialmente el sistema: el incremento desde el 2-2,4% del presupuesto del Ministerio de Salud destinado este ítem, al 5%.
El encargado de la materia en la secretaría de Estado reconoce que “en la media de los países de américa, el gasto es del 2%, pero Chile por su nivel de ingresos medio alto debería tener 5% de la carga económica destinada a ese ítem, eso es el desde. Si uno se da cuenta que este tipo de enfermedades causan un tercio de las incapacidades y causa 20% de discapacidad y muerte prematura, requiere de un soporte aun mayor”.
Para la doctora Rojas, esta medida es fundamental para atacar el problema de fondo. “Para reducir las cifras de prevalencia en la población general, especialmente en jóvenes y mujeres se necesitan más recursos. El 2% actual es insuficiente. Hoy, países como Jamaica, Brasil, Uruguay, están mejor que nosotros. Además, la cifra que invirtamos tiene que tener un control riguroso de cumplimiento de indicadores”, señala.
Actualmente, el ejecutivo se encuentra analizando la presentación de un proyecto de Ley de Salud Mental y otras herramientas para aumentar el presupuesto a los niveles recomendados internacionalmente.
Deudas
Una de las principales falencias para el tratamiento de este tipo de enfermedades dice relación con el acceso, tanto en el sistema público como en el privado. El psiquiatra Nicolás Zamorano, integrante de la Comisión de Salud Mental del Colegio Médico, explica que “en el sector público, hay ciertas coberturas de patologías incluidas en las Garantías Explícitas en Salud (GES) para el trastorno bipolar, el consumo de alcohol en adolescentes, depresión y esquizofrenia, pero el resto quedan bastante desplazadas y el acceso a especialistas es muy restringido. En las Isapres, en comparación con el resto de la salud, las coberturas son irrisorias. Cubren poco o no cubren y eso no ocurre así en el resto de la medicina”.
Una diabetes tiene una buena cobertura, pero un trastorno bipolar, no. Esa disparidad queremos que se revierta desde el punto de vista legislativo, es decir que exista misma cobertura. No es adecuado separar la naturaleza de las enfermedades y hacer coberturas diferenciadas.
Dr. Matías Irarrázaval.
Jefe del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud
El doctor Irarrázaval plantea que ese es uno de los puntos que el gobierno espera resolver a la brevedad. “Hay mayor cobertura para situaciones físicas que para las mentales. Una diabetes tiene una buena cobertura, pero un trastorno bipolar, no. Esa disparidad que se ha causado por efecto de los seguros, es un tema que nos preocupa que se revierta desde el punto de vista legislativo, para que exista la misma cobertura. No es adecuado separar la naturaleza de las enfermedades y asegurarlas de manera diferenciada”, relata.
La doctora Castillo, en tanto, apunta a desigualdades territoriales. “Están concentrados la mayoría de los elementos de alta complejidad en Santiago y no en el resto del país. Muchas veces el acceso se dificulta mucho dependiendo de donde uno viva. En regiones no hay profesionales suficientes en el sector público”.
A su juicio, también es imperioso comenzar a avanzar en campañas para la prevención, en especial de conductas suicidas, estrés laboral y realizar jornadas de buenas prácticas en esos ámbitos.
Otra de las principales deudas es reducir la estigmatización de las enfermedades y aumentar la capacidad de acoger la recuperación de personas con patologías psiquiátricas, desde trabajos especiales, hasta licencias médicas que permitan la reinserción paulatina.
Para el doctor Ibacache, hay que mejorar los procedimientos legales para fortalecer los derechos de este tipo de pacientes, en especial a la hora de que se les declare interdictos, se les realice procedimientos no reversibles o para internarlos contra su voluntad en caso de ser necesario.
Una problemática que, a su juicio, no ha sido abordada de la manera correcta es en el segmento infanto juvenil. “No contamos con infraestructura, personal, tampoco con un trabajo de prevención. Incluso hay pocos lugares donde se hace la especialización”.
La doctora Rojas, concluye planteando una interrogante con respecto a la efectividad de los tratamientos: “no tenemos un estudio hoy en día en que se haya evaluado cómo responde el sistema en enfermedades mentales, en el sector privado, ni en el público. No sabemos cómo lo estamos haciendo. Hemos puesto énfasis en los números de camas, de prestaciones, de revisiones, pero su calidad hay que revisarla. No basta con decir tantas personas están siendo atendidas o tratadas, sino cuántas se están mejorando. En cuántas estamos aplicando un tratamiento efectivo. Eso, no lo sabemos”.
