Desde la creación de las Isapres, en el año 1981, que no se habían considerado normas claras para el reajuste de precios de los planes, dejándolo a criterio de las aseguradoras, que consideraban el envejecimiento y el embarazo como factores para aumentar los valores de las primas. Eso, hasta el año 2005, cuando la Ley 20.015, conocida como la “Ley Larga de Isapres”, reguló la adecuación anual de contratos, las alzas de precios y las tablas de factores. Sin embargo, en 2010, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional las normas que regulaban la tabla de factores de sexo y edad, por ser incompatibles con el derecho a la igualdad ante la ley y lesionar el derecho a la protección de la salud y a la seguridad social.
Luego, en 2019, la Superintendencia de Salud emitió la Circular IF N°343, que creó una tabla de factores única, sin distinción de género, y que iba en ascenso según edad. No obstante, en la práctica no se estaba aplicando, por lo que las personas seguían judicializando las alzas, hasta que en 2022 la Corte Suprema acogió recursos de protección y determinó una nueva doctrina jurisprudencial, señalando que todos los planes de salud y complementarios deben aplicar la tabla de factores de la SS que entró en vigencia el 2020; que los menores de 2 años se excluyen del precio final del plan, salvo lo correspondiente a la prima GES; y que el precio final futuro no se modifica con la edad, salvo que sea beneficioso para el cotizante. Sin embargo, lo que generó mayor conflicto en la industria es que determinó que las Isapres deben devolver los dineros cobrados en exceso desde que entró en vigencia la referida tabla de factores -abril de 2020-. Para ello, el máximo tribunal del país dio un plazo de 6 meses, que se cumplen en mayo de este año.
Si bien siempre se habló que era mucho dinero, no se tenía una cifra exacta, hasta que en la sesión de la Comisión de Salud del Senado del 7 de marzo, desde el Ministerio de Salud estimaron en 1.400 millones de dólares el monto de la devolución.
Como era de esperar, el dictamen significó un sismo de gran intensidad para el sistema y rápidamente desde las distintas aseguradoras comenzaron a alertar de cuáles serían los efectos de estas medidas, desde quiebras de algunas Isapres a un colapso del sistema.
Más allá de saber cuánto tenía de realidad y cuánto de especulación, lo cierto es estas empresas ya venían golpeadas por los efectos de la pandemia, que trajeron mayor uso de prestaciones de salud -y muy costosas-, aumento de licencias médicas y la judicialización. Durante 2022 registraron pérdidas cercanas a los 150 mil millones de pesos, generando retrasos en los pagos a los prestadores, con una deuda con las clínicas privadas que en noviembre del año pasado llegaba a los 567 mil millones de pesos.
No cabe duda que han sido meses difíciles para las Isapres, pero lo que pase con ellas nos debe importar a todos, ya que la crisis en esta industria puede generar graves perjuicios en sus más de 3 millones de afiliados, en los prestadores individuales e institucionales y también en el sistema público de salud, que ya está altamente demandado, con listas de espera por consultas de especialidad de más de 2 millones de personas y otras 300 mil por cirugías.
Es por ello que este es un tema de principal preocupación para esta Mesa Directiva del Colegio Médico y para nuestro H. Consejo Nacional, por lo que hemos sostenido reuniones con diversos actores para tratar este tema y buscar las mejores soluciones, desde ex ministros y ministras de Salud, colegas del sector privado, exsuperintendentes de Salud, parlamentarios y la Dra. Ximena Aguilera.
Además, nuestros departamentos de Trabajo Médico, Políticas de Salud y Estudios y Medicina Privada trabajan en diagnósticos y propuestas para aportar en el debate, porque más allá de la contingencia actual, es necesario repensar el sistema en su conjunto.
Ya en el año 2018 nuestro Colegio presentó una propuesta de Seguro Único de Salud, donde sugería un fondo mancomunado para las cotizaciones de salud, manejado por un ente estatal autónomo -como el Banco Central-, y que las Isapres funcionaran como seguros complementarios o de segundo piso. Si bien esta propuesta se hacía cargo de los problemas de financiamiento del sistema de salud en general y de un modelo de aseguramiento privado frágil, sin perspectiva de seguridad social, estaba previsto que se aplicara de manera gradual, en unos 5 a 10 años plazo.
Es por ello que como Colegio Médico creemos que es necesario y urgente que el Gobierno convoque a todos los actores relevantes en este tema: prestadores, pacientes, clínicas, Fonasa, Isapres, parlamentarios, entre otros, para que en conjunto podamos buscar las mejores soluciones, poniendo en el centro a las y los pacientes, para asegurar sus coberturas y la continuidad en sus tratamientos, y también a prestadores individuales e institucionales, para que no se vean arrastrados por esta crisis, ya que los necesitamos a todos operativos para dar respuesta a las grandes demandas que tenemos en salud en nuestro país.
Pero también debemos pensar en qué cambios profundos deben ser los que se apliquen una vez superada la emergencia, para dar una solución de base a un problema que se arrastra desde hace décadas, con el fin de contar con un sistema de salud más justo, eficiente, basado en los principios de la seguridad social y que responda a las necesidades de la población.
Desde el Colegio Médico, estamos disponibles para buscar la mejor salida a este problema.
Dr. Patricio Meza Rodríguez
Presidente
Colegio Médico de Chile
